"Son palabras fuera de contexto, no hay inquina contra nadie en este ayuntamiento"

Puertollano

El expediente sancionador abierto a la jefa de servicio de Urbanismo en el Ayuntamiento de Puertollano y la denuncia por acoso en tribunales que ha presentado contra el alcalde y los concejales de urbanismo por un lado, y mantenimiento y obras por otro es, de largo, uno de los asuntos de mayor trascendencia de toda la legislatura. Esta mañana, cronológicamente, ha tenido lugar una junta de portavoces primero, y posteriormente sendas comparecencias públicas del portavoz del grupo municipal socialista y del propio alcalde. Desde el PSOE, dos mensajes claros: prudencia y presunción de inocencia en lo tocante a la vía judicial, pero petición clara de explicaciones por un expediente cursado, señalaba Manuel Sánchez, de manera prepotente y aparentemente en represalia contra la citada funcionaria

Miguel Ángel Ruiz, en este punto, daba lectura a una declaración institucional en la que justificaba la sanción cautelar de empleo y sueldo por hechos presuntamente muy graves, que en la resolución del expediente se calificaban finalmente como leves, y negaba ningún tipo de animadversión ni acoso hacia la arquitecta municipal, aunque sí reconocía situaciones de tensión dialéctica en el curso de reuniones mantenidas con ella y en las que el resultado no estaría siendo satisfactorio

Modificación del protocolo municipal antiacoso

En particular, el Partido Socialista también pone el foco, y solicitaba explicaciones públicas, a la presunta modificación del Protocolo Municipal contra el acoso que se aprobaba por decreto de alcaldía el 12 de marzo, esto es, solo un día después de la JGL extraordinaria en la que se sancionaba a Inés Llerena, y 5 días después de la reunión tras la que ella decidió denunciar el posible acoso por los cauces previstos dentro del ayuntamiento. Una modificación vía decreto de alcaldía que deja fuera a los cargos políticos de los supuestos posibles de acoso, según denuncia el PSOE

La respuesta de Miguel Ángel Ruiz en esta cuestión apelaba a una cuestión de índole tanto cronológico como procedimental: como alcalde firma el texto aprobado por unanimidad con los sindicatos en la Mesa General de negociación, de la que él no forma parte; un acuerdo trabajado durante varias sesiones a lo largo del tiempo y del que han existido varios borradores hasta llegar al texto definitivo. En suma, ninguna intencionalidad política para aprobar un protocolo que, según su testimonio no existía como tal en el ayuntamiento

Responsabilidades políticas

Y una clave más, muy sustancial: el PSOE señalaba que dependiendo del transcurso de los acontecimientos en sede judicial avanzarían en el planteamiento de petición de responsabilidades políticas con el resto de grupos, dejando entrever una posible moción de censura. El alcalde, por su parte, manifestaba su respeto por el procedimiento iniciado, confirmaba que a día de hoy no ha sido citado para declarar y decía literalmente sentirse "tranquilo" ante lo que pueda pasar

Por su parte,el Grupo Municipal de Izquierda Unida, además de mostrar su apoyo a la funcionaria afectada, sí entraba a valorar el contenido de su denuncia adelantado por Cadena SER calificando los hechos declarados como conductas repetivas y lesivas a nivel personal y laboral por los que reclaman que se depuren las responsabilidades políticas al margen del proceso judicial en curso, apelando a los rigurosos estándares éticos que deben regir el comportamiento de los cargos públicos. En cuanto al expediente abierto por faltas supuestamente muy graves que se convirtieron en leves en su cierre, podría haber existido una utilización impropia de los mecanismos disciplinarios dentro de la administración municipal