Castilla-La Mancha pugna con Ecoembes para que asuma el coste del reciclaje de los envases del contenedor gris

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha pide a Ecoembes que asuma el coste del reciclaje de los envases que se depositan en el contenedor gris. La compañía, que anualmente abona a los ayuntamientos los costes derivados del tratamiento de los residuos domésticos, cree que la ley estatal de residuos sólo le obliga a hacerse cargo del coste del contenedor amarillo y azul, pero la Junta, junto a Andalucía y Madrid, sostiene que no, que también debe asumir el gasto de los envases que son depositados en el resto de contenedores, mezclados con otros desechos.

"Las entidades locales gestionan ahora a través de sus plantas de gestión de residuos estos envases y después pasan la factura a Ecoembes y ésta les paga, pero ahora no quieren hacerse cargo de esta fracción resto, ni siquiera mientras estamos negociando", explica en la SER Esther Haro, directora de Economía Circular de la Junta. "La norma dice que tienen que costear la gestión de todos los envases, independientemente de donde aparezcan".

La negativa de Ecoembes a renovar el nuevo convenio en estos términos, podría suponer un coste anual para los ayuntamientos de Castilla-La Mancha, encargados de prestar el servicio, de 33 millones de euros. La Junta, que lidera la negociación con el apoyo de las entidades locales, aportó una nota interpretativa sobre la ley y ha conseguido que la Comisión Nacional de Residuos avale su posición. "Estamos haciendo un frente común con todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha. Es en beneficio de todos".

Haro espera que Ecoembes, fundada por los grandes fabricantes de envases, se avenga a un acuerdo y no descarta acudir a un arbitraje si la compañía se niega a asumir ese coste. "Cuando una de las partes no se mueve, lo que establece la normativa es acudir a un arbitraje judicial", explica.

El objetivo, explica Haro, es que los ciudadanos no acaben pagando dos veces el reciclaje de estos desechos. "Los envases ya incluyen en su precio la gestión de ese residuo. Si el ciudadano a través de los ayuntamientos o de los consorcios de residuos tienen que volver a pagar ese tratamiento, al final está asumiendo un doble coste".