La Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía, que pide aumentar las inspecciones, firman un convenio para reducir la siniestralidad laboral

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fiscalía han firmado un nuevo convenio de colaboración para reforzar la seguridad y salud laboral en la región, con el objetivo de reducir la siniestralidad y mejorar la coordinación institucional. El acuerdo introduce novedades relevantes en materia de comunicación, formación y actuación ante accidentes laborales, especialmente los graves y mortales.

Durante la firma del convenio, celebrada en el Palacio de Fuensalida, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha destacado que el convenio "viene a fortalecer el modelo de trabajo en Castilla-La Mancha, apostando por trabajos seguros y saludables", en un contexto de crecimiento del empleo con cifras récord de ocupación y población activa. En este sentido, ha subrayado que "si no conseguimos que nuestros trabajos sean seguros, toda esta población ocupada de poco nos sirve".

Entre las principales mejoras del nuevo convenio figura la ampliación de la vigencia del convenio a cuatro años, prorrogables, así como la creación de canales más ágiles de comunicación entre la Administración regional y la Fiscalía. En concreto, se establece un plazo de 48 horas para trasladar información sobre accidentes mortales, lo que permitirá una respuesta más inmediata y coordinada.

Más coordinación y formación

El acuerdo contempla también un sistema de expediente único compartido, que facilitará la trazabilidad de los casos, así como el refuerzo de la formación especializada. En este ámbito, se impulsará la capacitación de los fiscales en materia de prevención de riesgos laborales mediante la colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Asimismo, se designarán técnicos de enlace por provincias para mejorar la implementación del convenio sobre el terreno. La consejera ha puesto en valor que este marco "establece cauces de comunicación fluidos" y refuerza la cooperación institucional para abordar posibles infracciones que puedan derivar en responsabilidades penales.

El convenio se enmarca además en la estrategia regional de prevención, que cuenta con más de un 85 % de sus medidas ya en ejecución, y se complementa con programas como 'Castilla-La Mancha Más Segura', dotado con 2,63 millones de euros.

El fiscal pide más inspecciones y mejor flujo de información

Desde la Fiscalía, el fiscal superior de la región, Emilio Fernández, ha valorado positivamente el acuerdo, aunque ha advertido de importantes carencias en el sistema actual. "Se nos escapan muchas veces la información, tanto de carácter administrativo como las actas de la Inspección de Trabajo", ha señalado, insistiendo en la necesidad de mejorar el intercambio de datos.

En este sentido, ha considerado que deberían llegar "muchas más" actas a la Fiscalía para poder actuar con mayor eficacia. Esta falta de información, a su juicio, dificulta la apertura de diligencias y la persecución de posibles delitos relacionados con la seguridad laboral.

El fiscal también ha puesto el foco en la necesidad de reforzar el control y la vigilancia, lo que implica un mayor peso de la Inspección de Trabajo. Aunque no lo ha formulado como una cifra concreta, sí ha dejado claro que el sistema necesita más capacidad de detección y actuación para prevenir incumplimientos.

Además, ha recordado que la siniestralidad sigue siendo un problema grave en la región, con 48 accidentes mortales en 2025, "prácticamente uno a la semana", y ha advertido de que estas cifras "no son para estar ni mucho menos satisfechos".

Por último, ha defendido que el incumplimiento de las normas de prevención "no debe ser rentable" y que debe perseguirse tanto en el ámbito administrativo como en el penal, confiando en que el nuevo convenio contribuya a mejorar los resultados y reducir los accidentes laborales.