Castilla-La Mancha demanda al Estado ante el Supremo por el trasvase Tajo-Segura y sus "daños irreparables"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por no haber modificado las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura en el plazo previsto.

La decisión, adoptada este martes por el Consejo de Gobierno, responde a lo que el Ejecutivo regional considera un incumplimiento de la normativa vigente. Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, el Plan Hidrológico del Tajo obligaba al Estado a establecer caudales ecológicos en el río antes de febrero de 2024, un plazo que, denuncia, no se ha respetado.

"Existe en estos momentos un daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos", ha advertido Gómez, quien ha vinculado esta situación al "estrés hídrico" que sufren zonas incluidas en la Red Natura 2000, entre ellos la Sierra de Altomira, los Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo o las Barrancas de Talavera.

Daños ambientales y falta de avances

Desde la Junta sostienen que esta inacción está teniendo consecuencias directas sobre el medio ambiente. La consejera ha recordado además que el propio Tribunal Supremo ya se pronunció en 2025 sobre esta cuestión, estableciendo la necesidad de garantizar caudales ecológicos y alertando de daños que, según ha subrayado, "coinciden con esos espacios". "No es que lo diga el Gobierno de Castilla-La Mancha, es que no lo ha cumplido el Estado", ha insistido.

El recurso también se apoya en un "balance hídrico negativo" derivado del trasvase, así como en supuestas irregularidades detectadas en los volúmenes de agua desembalsados. Episodios recientes, como el bajo caudal del Tajo a su paso por Toledo, han reforzado, según la Junta, la necesidad de actuar por la vía judicial.

Un conflicto enquistado

El Ejeutivo autonómico enmarca esta decisión en un momento en el que las relaciones institucionales con el Gobierno central son más tirantes que nunca. De hecho, Gómez ha criticado la falta de interlocución con la ministra del ramo, Sara Aagesen, asegurando que el propio Garcia-page lleva más de seis meses esperando una reunión, mientras que ella misma afirma llevar más de un año sin lograr un encuentro. "Si esas son formas de negociar, no compartimos esta forma de trabajar", ha criticado la consejera. Por eso, consideran que ha llegado "el momento de presentar la demanda".

Gómez, que ha puesto cifras al impacto histórico del trasvase, ha apuntado que en estos 47 años se han transferido más de 15.148 hectómetros cúbicos de agua, lo que ha calificado como una situación "insostenible", especialmente en periodos en los que, según ha recordado, Castilla-La Mancha no disponía de recursos suficientes para su propio desarrollo.

Además, el Gobierno regional no descarta solicitar medidas cautelares una vez que la demanda sea admitida a trámite, en función de la evolución del proceso judicial.