"No hace falta ser de extrema derecha para aplicar políticas racistas. Todos los gobiernos europeos, incluso España, aplican políticas cada vez más racistas desde hace más de una década"

Albacete

No hace falta ser de extrema derecha para aplicar políticas racistas. De hecho, todos los gobiernos europeos, incluyendo los que se consideran socialdemócratas como el de Dinamarca o España, llevan aplicando políticas cada vez más racistas desde hace más de una década. Y cada vez con más intensidad y convencimiento.

Los derechos humanos no son una prioridad, sólo sirven para adornar discursos que aparentan ser demócratas. Si los derechos humanos fueran una prioridad, se invertiría dinero en salvar vidas, en lugar de invertirlo en matar o dejar o morir (que para el caso es lo mismo).

El acuerdo europeo que se firmó en junio de 2024 llamado de migración y asilo es un ejemplo de ello. Llamarlo de migración y asilo es un eufemismo porque no es de migración ni de asilo. Solo es un pacto de control de flujos por cualquier medio, incluyendo la brutalidad más absoluta y la violación de derechos, tanto en espacios fronterizos de la Unión Europea como en terceros países a los que pagamos miles de millones a cambio de que se encarguen de ejercer la violencia más extrema contra quienes intentan acercarse.

Este proceso de externalización de fronteras se acordó porque daba vergüenza y podría ser un escándalo que en la UE se hicieran tales barbaridades, siendo como somos un continente que alardea de Estado de derecho y de valores democráticos.

Pero esta semana se ha perdido esa vergüenza que teníamos dos años atrás, con la aprobación en el parlamento europeo de la creación de lo que se conoce ya como el ICE europeo: redadas racistas como la que pudimos ver la semana pasada en Madrid contra el exdiputado Serigne Mbaye y otras cinco personas, deportaciones exprés sin garantía legal alguna y centros de detención ilegal en terceros países. Centros de detención ilegal fuera de la UE, llamados eufemísticamente de retorno, como los que el gobierno de Meloni construyó en Albania o los que el gobierno de Pedro Sánchez ha construido en Mauritania, por ejemplo.

A Meloni los jueces italianos le dijeron con sus sentencias que eso era ilegal. A Pedro Sánchez no ha habido jueces que le digan lo mismo, porque ya sabemos cómo es la judicatura española y al servicio de quién está.

Pero ahora, Europa convierte en legal algo que, si bien durante años se ha estado practicando, intentando ocultarlo a la ciudadanía, ahora se hará a plena luz y alardeando de ello.

Apelar a los derechos humanos solo para lugares, momentos y discursos interesados, y violar esos mismos derechos si nos conviene ¿en qué nos convierte?

Financiamos las bombas que revientan poblaciones enteras. Financiamos centros de detención ilegal. Financiamos el racismo institucional. Y nuestro silencio solo puede ser interpretado como consentimiento.

El problema no es solo Trump y las extremas derechas. El problema es que se copian y aplican sus políticas racistas por parte de gobiernos a los que se les llena la boca de derechos humanos, pero con nuestros impuestos hacen absolutamente de todo para destruir esos derechos que dicen defender.

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