La Archidiócesis de Toledo mantiene una asignación económica a un sacerdote condenado por abusos sexuales a una menor

La Archidiócesis de Toledo continúa abonando una asignación económica a un sacerdote condenado por abusos sexuales a una menor, tal y como destapa una investigación publicada por EL PAÍS. El religioso, José Luis Galán, fue sentenciado a ocho años de prisión por delitos cometidos entre 2011 y 2014, cuando ejercía como director espiritual en un centro educativo de Talavera de la Reina.

La condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2024, que avaló el testimonio de la víctima y destacó la gravedad de los hechos. El sacerdote, que ingresó en prisión en julio del mismo año, sigue recibiendo desde entonces ingresos periódicos procedentes de la Iglesia.

Fuentes del arzobispado se escudan manteniendo que no se trata de un salario en sentido estricto, sino de una "asignación básica" destinada a cubrir necesidades económicas del condenado, incluida la indemnización de 100.000 euros impuesta por la sentencia. No obstante, según la documentación, los pagos figuran bajo el concepto de "nómina".

Desde la diócesis se argumenta que los sacerdotes no mantienen una relación laboral convencional con la Iglesia, por lo que no existe un contrato de trabajo como tal. En ese sentido, sostienen que el uso del término "nómina" responde únicamente a cuestiones técnicas en la gestión bancaria de los pagos.

Pese a esta justificación de la institución, el sacerdote no ha sido apartado del estado clerical, ya que el proceso canónico interno no concluyó con una sanción en su contra. Esto implica que, pese a la condena civil, sigue siendo considerado sacerdote dentro de la institución.

Abusos continuados desde desde 2011 y hasta 2014

El caso se remonta a la relación que el condenado estableció con la víctima cuando esta era menor de edad. Los abusos cometidos por Galán comenzaron un año después de que el sacerdote y la víctima se conocieran durante un viaje escolar en 2010 para hacer el Camino de Santiago. En 2011, Galán se convirtió en su director espiritual y la menor, que por entonces tenía 16 años, llegó a contar que lo consideraba como su "segundo padre".

Fue la madre de la menor la que la aconsejó que buscase auxilio espiritual con Galán. Por entonces, ella se estaba divorciando debido a la relación sentimental que había comenzado con el sacerdote y que la niña desconocía. Con la excusa de ofrecerle apoyo religioso, Galán citaba a la menor dos veces por semana en su despacho parroquial en la Iglesia de San Ildefonso, donde repetidamente la agredió entre 2011 y 2014.

Según la sentencia, el religioso aprovechó su posición de autoridad espiritual para someterla a abusos sexuales, además de ejercer presión psicológica y manipulación emocional. En algunos episodios, incluso recurrió a supuestos rituales de exorcismo como parte del engaño.

Tal y como apunta la resolución judicial, el impacto en la víctima fue grave ya que durante esos años desarrolló graves problemas de salud mental, incluyendo trastornos alimentarios y varios intentos de suicidio, que requirieron hospitalización. El Supremo subrayó en su fallo el sufrimiento prolongado y la especial vulnerabilidad de la joven en el momento de los hechos.