Abel Renuncio, ginecólogo: "Derivar los abortos a la sanidad privada es en cierto modo esconderlos"
A pesar de que la actual Ley del Aborto de hace 12 años ya decía que estos tratamientos debían hacerse en la sanidad pública, en Castilla y León solo se realizan en dos hospitales

Abel Renuncio, ginecólogo: "Derivar los abortos a la sanidad privada es en cierto modo esconderlos"
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Valladolid
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Aborto, una ley que puso en marcha el Gobierno de Zapatero hace 12 años. Uno de los puntos de esa reforma pasa por garantizar que las mujeres puedan abortar en hospitales públicos, algo que en Castilla y León solo ocurre en dos hospitales: en el de Burgos y en el de Miranda de Ebro. En el resto se derivan a clínicas privadas. Y en el caso de las mujeres de Ávila, Palencia y Soria incluso deben salir de la comunidad si quieren interrumpir su embarazo, se las deriva a Madrid.
"Es algo paradójico, porque la ley actual ya aboga por que este tipo de tratamientos se hagan dentro de la sanidad pública. Dice expresamente la ley que, salvo en casos excepcionales en los que no se pueda garantizar por tiempo o por forma esta posibilidad, es en esos casos cuando debe derivarse a la privada, pero con la ley actual, la inmensa mayoría deberían hacerse en la Sanidad Pública", explica Abel Renuncio, ginecólogo en el Hospital Universitario de Burgos.
El número de interrupciones voluntarias del embarazo bajó en Castilla y León en un 4% en 2020 respecto al año anterior. Aunque hay que tener en cuenta que en esto, como en casi todo, juega su papel la pandemia. Fueron en concreto 2.421 abortos los que se registraron en la comunidad. El grupo de edad más numeroso son las mujeres de entre 20 y 29 años, con más de mil. Castilla y León tiene, de este modo, la cuarta tasa de aborto más baja de España con 6 por cada 1.000 mujeres. De esos 2.421 abortos, 2.078, es decir, casi el 86%, se hicieron en clínicas privadas y de ellos, 1.349 corresponden a conciertos, acuerdos con clínicas privadas para que haga las intervenciones que la pública no se puede o no se quiere hacer. Y es que hay, según el último y único registro de objetores de conciencia que se hizo con motivo de la ley de 2010, 437 profesionales de la comunidad que no practican abortos.
Los beneficios de hacerlo en la sanidad pública
Abel Renuncio, ginecólogo en el Hospital Universitario de Burgos, lo tiene claro: "En cuanto a la calidad y calidez que podemos dar a nuestras pacientes, no tiene nada que ver. El tener que hacerlo en su propio ámbito, tanto geográfico como sanitario, el que ellas conocen, con los y las profesionales sanitarias que ya conocen, es un plus de calidad que podemos dar a ese servicio que de otra forma, ese beneficio se pierde". Muchos de esos desplazamientos para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, son fuera de las provincias de residencia de las mujeres, teniendo que hacerse cientos de kilómetros para abortar. "Esto además empeora en mujeres que están en una situación de espacial vulnerabilidad, mujeres que tienen problemas añadidos como la violencia de género u otro tipo de vulnerabilidades, el tener que salir de su ámbito, el tener que dar más explicaciones, el tener que desplazarse, el tener que ocultar esto, empeora mucho su situación", explica este doctor.




