El Ayuntamiento de Burgos cree que la obra de la Plaza Santiago ha sido lesiva para el interés público y litigará con la empresa

Burgos

El Ayuntamiento de Burgos buscará la declaración de lesividad para el interés público en la recepción de la obra de la Plaza de Santiago porque la empresa no la ejecutó conforme al proyecto y se reclamará a la adjudicataria la reparación de las goteras, que todavía afectan a los garajes.

Así lo ha anunciado el concejal de Fomento, Daniel Garabito, en base a los informes técnicos evacuados por la dirección facultativa de las obras y la interpretación de los técnicos municipales..

Garabito explica que es una obra en garantía por lo que cree que el Ayuntamiento tiene las de ganar en el litigio Contencioso-Administrativo que se planteará y que no debería costarle dinero a las arcas municipales.

Independientemente y en paralelo, se requerirá a la empresa realizar las catas preceptivas en la plaza para confirmar las causas de las filtraciones y las propuestas de reparación.

Según los técnicos, se ha producido un movimiento en los forjados que provoca una mayor apertura en las juntas de dilatación y que el agua penetre a través de la tela asfáltica.

La filtración no entra por los alcorques de los árboles ni por las fisuras exteriores del pavimento. Sin embargo, se ha perforado a un metro de profundidad para verter agua sobre el forjado y ha tenido incidencia en las goteras.

Tampoco se puede atribuir al cambio de material, explica Garabito, quien asegura que la mayoría de las goteras se han subsanado y solo persisten unos 4 puntos en el anillo central de la plaza.

El concejal quiere transmitir a los vecinos afectados que el Ayuntamiento está trabajando para solucionar su problema y se hará 'todo lo humanamente posible' para terminar con las goteras.

En el plano jurídico administrativo, el concejal detalla que la empresa, Construcciones Ortega, sustituyó el material de pavimentación de la plaza y modificó la superficie de impermeabilización, por lo que vulneró la Ley de Contratos públicos.

Antes de acudir al juzgado, el pleno deberá ratificar el informe que justifique la demanda. Si es aceptada, habrá que redactar un proyecto modificado para legalizar los cambios introducidos y que se ajuste al proyecto adjudicado originalmente. Un recorrido que puede llevar meses.