Condenan a tres vecinas por coacciones a una familia gitana

Burgos

El juzgado de lo Penal 2 de Burgos ha condenado a 3 meses de prisión a cada una de las 3 vecinas autoras de un delito de coacciones con el agravante de discriminación, ya que las víctimas eran de etnia gitana. Fuentes del caso han señalado que tras esta sentencia de conformidad, la defensa de las condenadas pedirá con toda probabilidad la suspensión de la sentencia, que implica que no ingresarán en prisión siempre que no cometan ningún nuevo delito en los próximos dos años.

El acoso denunciado incluye una serie de insultos verbales que proferían a la familia, tales como: “gitanos de mierda” o “hijos de puta”. Además, se denuncia que las acusadas remitieron una carta a la familia en la que se les llamaba “salvajes”. Asimismo, se les acusa de generar un clima hostil de todo el vecindario contra la familia gitana: publicaron un cartel en el portal en el que hacían un llamamiento a los vecinos para que fueran a su casa a comprobar los ruidos. Además, una de las acusadas publicó en redes sociales mensajes en los que se quejaba de la llegada de “familias numerosas problemáticas de etnia gitana”, generándose a raíz de esta publicación mensajes de odio antigitano por parte de otros usuarios.

Según destacan desde Fundación Secretariado Gitano, las acusadas fueron las únicas vecinas que se quejaron de supuestos comportamientos incívicos por parte de la familia gitana; en efecto, la policía municipal, que hoy testificará en el juicio, se personó en varias ocasiones ante las llamadas de estas vecinas, sin haber podido constatar que la familia acosada estuviese cometiendo infracción alguna.

La situación de acoso e insultos que sufrió la familia por parte de las vecinas, desde el mismo momento en el que entraron a vivir en la vivienda, les generaron una fuerte ansiedad y miedo, afectando a su seguridad, tranquilidad y libertad personal. Esta situación insostenible se fue agravando con el tiempo y produciéndose de manera más habitual, lo que llevó a la familia a cambiarse finalmente de domicilio.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) denunció estos hechos ante la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación de Burgos por un delito de coacciones del art. 172.1 del Código Penal, que concurriría con la agravante del art. 22.4 del Código Penal, como una de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por tener un móvil antigitano.

Además, desde la FSG, como organización especializada en la defensa de la comunidad gitana, se ha considerado este caso como litigio estratégico, y está apoyando a la familia para estar representada por Violeta Assiego, abogada especializada en delitos de odio.