Aprobado el contrato para ubicar 49 cámaras de control en la futura ZBE de Valladolid

Valladolid

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este miércoles el expediente de contratación del suministro e instalación de sistema de control de acceso a la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, para lo que se prevé la adquisición de 49 cámaras que se instalarán en 41 puntos de la ciudad, con un presupuesto previsto de 1.458.736 euros.

Como ha explicado la concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, se trata de un paso necesario y obligatorio antes del 15 de junio para que el Ayuntamiento pueda recibir la subvención de fondos europeos Next Generation EU de 1,3 millones de euros, que cubrirá gran parte del coste de la instalación.

Con la aprobación de este expediente y los pliegos de contratación, se da el primer paso para instalar este sistema de control, que en las próximas semanas saldrá a licitación. La concejal ha recordado que la normativa de acceso restringido a la ZBE de Valladolid, y por lo tanto, las sanciones no entrará en vigor hasta "finales de 2023".

Los pliegos prevén la adquisición de un total de 49 cámaras, de ellas 32 de sistema monocarril (6.000 euros cada una), y otras 17 'multicarril' (9.000 euros), además de otros elementos como material de instalación, báculos, columnas, cimientos, así como la plataforma de gestión de accesos, permisos y vídeo de la ZBE, que se valora en 293.000 euros.

Las cámaras estarán instaladas, según una previsión inicial que puede modificarse en la aprobación de la Ordenanza, en un total de 41 ubicaciones en un total de 33 calles del perímetro de la ZBE por las que se puede acceder al interior de la misma, algunas de ellas para entrada, otras para salida y otras para ambas opciones.

Se trata de calles como paseo de Isabel la Católica, calle Puente Mayor, Imperial, Tahonas, Sinagoga, Lecheras, Pelota, Cardenal Torquemada (intersección con Rondilla de Santa Teresa), Torrecilla con Gondomar, Empecinado, Chancillería, Sanz y Fores, avenida Ramón y Cajal, calle Estudios, Cárcel Corona, Velardes, Plaza san Juan, Santa Lucía (intersección con Nicasio Pérez), Pérez Galdós, Palomares, Silio, Industrias, calle de la Vía (con calle Unión), Túnel de San Isidro, calle Labradores (túnel), Recondo (con paseo del Arco de Ladrillo), paseo Hospital Militar (cruce con arco de Ladrillo), paseo de Zorrilla (intersección con Hospital Militar), calle Francisco Suárez, puente de Miguel Ángel Blanco y puente de Poniente.

El área afectada por el proyecto se extiende en la zona central delimitada por un anillo que rodea por el río Pisuerga, calle de la Rondilla de Santa Teresa, calle de Gondomar, calle Real de Burgos, calle de la Unión, calle de la Vía, Estación, delimita con la línea del Ferrocarril hasta paseo del Hospital Militar llegando al Puente Adolfo Suárez.

Pendiente de la aprobación de la ordenanza

Este sistema de control de acceso, según los pliegos, ha de estar instalado antes de la entrada en vigor de la ordenanza, que recordemos la Ley obliga para antes de 2023. Para poder cumplir con esta fecha y teniendo en cuenta los plazos de suministros e instalación de los mismos, así como los plazos de puesta en marcha de la plataforma, se hace necesario la licitación de todos estos elementos previo a la ordenanza.

Para ello, los pliegos se plantean, como ha explicado María Sánchez, de una manera "lo bastante flexible" para poder adaptarse a los posibles cambios que pudiera establecer la ordenanza que se aprobará en los próximos meses.

El coste previsto, de 1,46 millones de euros, se presupuesta tanto en las cuentas de 2022 (823.334,82 euros) como en 2023 (635.401,25 euros).

La concejal ha incidido en recordar en que el establecimiento de una ZBE es una "obligación por ley" para los municipios de más de 50.000 espectadores y debe estar en vigor en el segundo semestre de 2023.

En ese momento, según la previsión, en Valladolid se prohibirá el acceso al interior de la misma a los vehículos que actualmente no tienen etiqueta de emisiones de la DGT (diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2001), aunque con excepciones para distintos casos, entre ellos los residentes en el interior de la ZBE.

Más adelante, en 2025, se prohibirá el acceso a los vehículos con etiqueta B y en 2030, a los de etiqueta C.