Avila Life: al menos una treintena de compradores de una urbanización de lujo acuden a la justicia en busca de amparo

Ávila

El Juzgado número 1 de Ávila ha abierto una investigación en torno a una urbanización de chalets que se comercializó el pasado verano bajo el nombre Ávila Life a raíz de una serie de denuncias presentadas por compradores ante el temor de no poder recuperar el dinero que entregaron a la empresa Navyblue Inversiones S.L, promotora de las viviendas.

El procedimiento está en fase embrionaria. Hay al menos una treintena de denuncias ya en el Juzgado número 1, pero podrían ser más ya que si se han presentado en otro juzgado se tardará un tiempo en agrupar todas en un mismo proceso. De momento no se ha dado traslado a la Fiscalía.

La urbanización Ávila Life se presentó el pasado verano como un atractivo complejo de más de un centenar de chalets individuales con parcelas que se levantarían en el Plan Parcial Camineros, en Las Hervencias.

Había dos modelos.

• El modelo A, con 235 metros cuadrados útiles distribuidos en una planta baja y en un bajo cubierta, con 37 metros cuadrados de porche y una parcela de entre 700 y 1.050 metros cuadrados. Con garaje cubierto y piscina individual.
• El modelo B, con 112 metros cuadrados útiles en una planta y 35 metros cuadrados de porche con una parcela de 650 a 710 metros cuadrados. Con garaje cubierto y piscina individual

A los comparadores se les enseñaban los planos detallados e infografías que mostraban el acabado final de los chalets, calidades, etc. Todo ello a partir de 198.000 euros. Para poder reservar una vivienda había que dar una señal de 3.000 euros. Y se les adjudicaba una parcela concreta. Pronto empezaron a hacer cruces sobre el plano en el que figuraban numeradas esas parcelas, porque se las quitaban de las manos.

PQ Inmobiliaria era una de las empresas a través de las cuales se podían comprar, tal y como se ve en un anuncio puesto en la red social Instagram.

El primer interrogante que surge en torno a la forma en la que se ha comercializado este proyecto es la propia distribución por parcelas, cuando el Plan Parcial Camineros no contempla la construcción de viviendas unifamiliares en ese terreno, que está destinado a viviendas en altura. Eso supone que habría que tramitar ante el Ayuntamiento de Ávila una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, un trámite posible pero largo en el tiempo.

Para iniciarlo, lo primero era comprar el terreno, que no estaba en manos de la empresa promotora sino de la Sareb, el banco malo. Una vez conseguida la propiedad del terreno se tenía que hacer un proyecto ajustado a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y presentarlo ante el Ayuntamiento de Ávila. Se abriría un periodo de información pública, se recabarían informes técnicos, y la solicitud de cambio de Plan Parcial tendría que ser aprobado por la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de un mínimo de seis meses. Y claro, la Junta de Castilla y León podría dar el visto bueno, denegar el cambio, o aprobarlo con modificaciones.

Después habría que terminar el proyecto de urbanización, ya que el Plan Parcial Camineros necesita una subestación eléctrica. Y hacer la reparcelación. Solo en ese momento podría empezar la construcción.

En un documento al que ha tenido acceso SER Ávila, entregado a uno de los potenciales compradores, se señalaba que tenían que hacer, además de la prereserva de la parcela, un pago posterior de 14.000 euros para la redacción del proyecto, y luego 4.000 euros más para tramitar la licencia con el Ayuntamiento. Y 68.000 euros más el 10% de IVA para la parcela... Es decir, el proyecto se iba a ir financiando con las aportaciones de los clientes, como si fuera una cooperativa por lo que, aparentemente, la empresa promotora no arriesgaba nada.

A algunos de los clientes que pagaron la reserva se les ha devuelto el dinero. Pero hay otros a los que no. Y hay compradores que pagaron otras cantidades y que todavía no han conseguido su devolución. Según algunas fuentes hay quien ha puesto en el proyecto más de 40.000 euros.

Algunos de los que han solicitado la devolución del dinero y no lo han recibido han decidido no esperar más y denunciar. Unos lo han hecho en la Comisaría de Policía, y otros han acudido directamente a los juzgados a interponer una demanda. El Juzgado número 1 es el competente para investigar todos estos hechos y averiguar si estamos ante un proyecto empresarial fallido o ante un presunto delito de estafa.