El ayuntamiento de Aranda se libra judicialmente de una indemnización de 12,8 millones de euros por su actuación en La Hijosa

Aranda de Duero

Las arcas municipales de Aranda se libran, de momento, de la amenaza de una indemnización millonaria en un proceso urbanístico que hubiera dejado pequeña la del “Caso PROINCOVE”: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado las pretensiones de la firma GATOBASA S.A. que pedía una compensación de 12.800.000 euros al ayuntamiento por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la actuación urbanística del ayuntamiento de Aranda en el sector conocido como “La Hijosa”.

Un proceso que se remonta 17 años atrás a cuenta de un proyecto urbanístico en el mencionado sector para el que las firmas interesadas promovieron una modificación puntual del PGOU, con el objetivo de poder construir viviendas y garajes en suelo que en aquel momento estaba calificado como rústico. De haber fructificado el negocio, la empresa demandante habría recibido cien viviendas de 90 metros cuadrados y otras tantas plazas de garaje. La pretensión de modificar el PGOU fue denegada en los años siguientes de forma recurrente por distintos órganos municipales, tanto de manera explícita como por silencio administrativo. Paralelamente la mercantil GATOBASA SA recurrió varias veces a los tribunales para conseguir el amparo judicial de sus pretensiones. Aunque algunas sentencias estimaron parcialmente sus demandas, la empresa acusa al ayuntamiento de no haberlas ejecutado, por lo que en este último proceso judicial solicitaba la indemnización de 12.800.000 euros por los perjuicios ocasionados al ser ya imposibles de cumplir.

Contra estos argumentos el TSJ considera que la imposibilidad de edificar en suelo rústico no ha sido responsabilidad del ayuntamiento, sino que fue la Consejería de Fomento y Medio Ambiente quien denegó en última instancia y en el uso de sus competencias tal posibilidad alegando deficiencias tanto en el procedimiento como en la legalidad de la operación urbanística pretendida.

Dice por tanto el TSJ que no es posible relacionar la actuación municipal con las consecuencias por las que se pide la indemnización, es decir que las sucesivas denegaciones de la modificación puntual del Plan General, incluso cuando han sido parcialmente anuladas por sentencia judicial, no son la causa de que no haya salido adelante los planes de la empresa. La última palabra es de la administración regional que denegó los cambios en la normativa urbanística al apreciar deficiencias legales imposibles de solventar. Añade además el tribunal que el retraso en esta decisión regional, que no se produjo hasta 2018, no es debido a retrasos en la actuación municipal, sino a motivos de legalidad.

“Así las cosas hemos de concluir que no se ha producido ningún daño antijurídico susceptible de reparación, ni en la fase de aprobación inicial, ni en la provisional, por lo que habiendo apreciado la Consejería de Fomento que la solicitud adolecía de deficiencias vía control de legalidad que no eran subsanables (…) resulta claro que no estamos ante un daño antijurídico de la Administración”. Por este motivo el tribunal entiende que no se dan todos los requisitos para admitir la reclamación de daños, porque, entre otras cuestiones, la jurisprudencia viene exigiendo que “exista una relación causa efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que esta sea producida por causa mayor, lo que como hemos dicho, no acontece en el presente caso, lo que necesariamente conlleva la desestimación íntegra del recurso interpuesto”

La sentencia no ha sido recurrida en el plazo previsto para ello, por lo que puede considerarse firme a la espera de que así lo declare la sala.