La nueva ley de movilidad sostenible exigirá medidas a las grandes empresas para reducir su impacto

Valladolid

La nueva Ley de Movilidad Sostenible que se está tramitando impondrá a las empresas de más de 500 trabajadores - o de 250 empleados por turno- la obligatoriedad de contar con un plan de movilidad sostenible al trabajo, un documento que recoja medidas para reducir su impacto medioambiental. Algunas empresas, como es el caso de Renault en Valladolid y Palencia, ya cuentan con medidas puntuales, como autobuses para sus trabajadores, pero los planes deberían ir más allá.

Uno de los aspectos en los que deberían incidir, según Berta Garrido, técnica de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, es en los propios trabajadores, darles incentivos para que ellos también colaboren en esa mejora de la sostenibilidad: "Es importante que ese plan sea participado, porque en algunos casos se les pide cambios, pero también puede haber incentivos a los trabajadores, como facilitarles aparcamientos cercanos en caso de coches compartidos o aparcamientos cubiertos para quienes vayan en bicicleta".

El sindicato cree fundamental, antes de entrar a negociar esos documentos, llevar a cabo un diagnóstico previo, para conocer de qué punto se parte, saber de qué manera se desplazan los trabajadores hasta su puesto y qué medidas habría que llevar a cabo para reducir su impacto ambiental.

Planes para pequeñas empresas

Sin embargo, las aglomeraciones de vehículos no se producen solo a la entrada de las empresas, sino también en los polígonos y parques industriales, donde cientos de empresas pequeñas también podrían poner en marcha medidas similares de manera colectiva: "Muchas veces una empresa o un centro de trabajo es complicado que implemente determinadas medidas pero creemos que se puede hacer de forma colectiva, como un autobús que dé servicio a varias para que sea rentable".

Para ello, Comisiones ve fundamental la creación de la figura del gestor de movilidad, que oriente en esta materia a las empresas que lo necesiten.

Está previsto que la ley se apruebe en Consejo de Ministros antes de que finalice el año para comenzar en 2023 su tramitación parlamentaria.