Nuevo juicio por la estafa de jamones, el tercero ya, tras localizar al quinto y último implicado

Valladolid

La Audiencia Provincial de Valladolid celebra el próximo día 5 de octubre un nuevo juicio por la estafa de jamones de casi medio millón de euros que a través de la empresa Dismarianga padecieron hace una década empresas de toda España, la mayoría de productos cárnicos.

El presente proceso judicial ha atravesado numerosas vicisitudes en forma de suspensiones y conformidades, ya que otros dos de los implicados, Antonio Mariano G.H. y José Javier C.G, ya pactaron en su día sus respectivas condenas de dos años de cárcel, mientras que el empresario murciano y 'cerebro' de la trama, José A.N, y su 'testaferro', Diego L.G, en otro juicio posterior, fueron condenados el pasado mes de junio a penas de dos años y un año y cuatro meses de cárcel, respectivamente.

El tercer juicio que se celebra ahora se dirige contra el hijo del citado empresario, Julián A.T, quien había permanecido en paradero desconocido y que se expone a una condena de seis años y medio de privación de libertad, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

A los cuatro ya condenados y al quinto que queda por responder de los mismos hechos se les imputan un delito continuado de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal por concertarse para a través de la mercantil Dismarianga SLU, con sede en Valladolid, adquirir mercancías, en su mayoría de productos cárnicos y lácteos, sin abonar el importe de los pedidos.

Si bien en un principio abonaban los pedidos iniciales, para así ganarse la confianza de sus víctimas, a posteriori realizaban pedidos mucho más cuantiosos y una vez recibida la mercancía simulaban el abono mediante pagarés los cuales, llegado su vencimiento, eran devueltos por los bancos por falta de fondos.

Mediante este procedimiento, a lo largo de 2011, realizaron numerosos pedidos de mercancía a empresas radicadas en distintos puntos de España, desde Valladolid, Lugo, Leganés, Madrid, Barcelona, Guijuelo (Salamanca), Girona, Badajoz y Segovia, de las que obtuvieron genero por importe global de 446.196 euros que no abonaron.

En el organigrama de la organización, a José A.N. los acusadores le confieren el papel de "cabecilla", tomando las decisiones de la empresa pese a no aparecer nunca frente a los proveedores ni firmar documento alguno, mientras que José Javier C.G. era el principal apoyo del primero y quien, en un mismo nivel por su poder de decisión, actuaba ante las víctimas como comercial de la mercantil, contactando con ellos, realizando los pedidos y entregando los pagarés.

Un hijo del primero, Julián A.T. se dedicaba, presuntamente, a dar servicio y apoyo a los anteriores, mientras que Antonio Mariano G.H. y Diego L.G. figuraban frente a terceros como administradores y dueños de la mercantil.