Política
Suelo público

Podemos pide al alcalde de Burgos disolver los Consorcios como entes instrumentales para la venta de suelo público

La formación morada asegura que el Ayuntamiento de Burgos carece de seguridad jurídica en las transacciones de los Consorcios que funcionan como una inmobiliaria privada

La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos, Margarita Arroyo / Podemos Burgos

Burgos

El grupo municipal de Podemos pide al alcalde De la Rosa disolver los Consorcios del Ferrocarril y de Villalonquejar, porque ''funcionan como una inmobiliaria'' al margen del Derecho Administrativo, cuando es el Ayuntamiento de Burgos quien asume el pago de la deuda que arrastran estas entidades y los litigios judiciales de una gestión irregular.

La concejala Margarita Arroyo se pregunta para qué sirven los Consorcios, que se crearon hace más de dos décadas para vender el suelo liberado por el Desvío del Ferrocarril y las parcelas de la ampliación del Polígono de Villalonquejar, si finalmente la tramitación administrativa y todas las cargas financieras deben ser soportadas por la administración pública y no por los socios privados.

La portavoz de Podemos asegura que, con la liquidación de los Consorcios, el Ayuntamiento de Burgos se ahorraría el 2% de las ventas de suelo que ahora cobran estos órganos instrumentales y evitaría las demandas judiciales que algunos promotores puedan interponer, como es el caso de dos parcelas cuya adjudicación fue recurrida ante los juzgados.

Margarita Arroyo cree que no sería complicado prescindir de estos entes, donde el alcalde de la ciudad tiene voto de calidad, frente a las entidades financieras que comparten la dirección y pasar a la gestión directa mediante concurso público para la enajenación de los activos inmobiliarios.

La portavoz municipal de Podemos constata que, en el caso del Consorcio del Desvío, todas las parcelas están a la venta, salvo las dos que están judicializadas, hasta el 30 de diciembre.

Además, asegura haber comprobado que la adjudicación de activos está en revisión por los técnicos municipales, lo que indica que los pliegos adolecen de garantías jurídicas para el Ayuntamiento, según Arroyo.

 
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