Se construirán 200 pisos de protección pública en alquiler para menores de 35 años
El Ayuntamiento de Burgos cede una parcela en el entorno de Villimar a la Junta de Castilla y León para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda
Burgos
El Ayuntamiento de Burgos ha cedido una parcela a la Junta de Castilla y León en el entorno de Villimar (sector S-4), para construir viviendas de protección pública en régimen de alquiler destinadas a menores de 35 años.
Un suelo por valor de 5 millones, cedido en concesión demanial por 50 años, para que la sociedad autonómica de infraestructuras y medio ambiente, Somacyl, edifique pisos accesibles a los recursos de los jóvenes, en una zona donde el ayuntamiento, que se reserva 10 viviendas en la promoción, dispone de más de 90.000 metros cuadrados de suelo de equipamiento para la expansión urbanística.
El vicealcalde Vicente Marañón prevé que las viviendas estén disponibles en junio de 2026, como también ha anunciado la Junta de Castilla y león, que edificará promociones semejantes en todas las provincias de la Comunidad.
Se trata de viviendas en bloque, construidas con estándares de alta eficiencia energética, con una superficie útil de entre 60 y 65 metros cuadrados (2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina), con las que se trata de facilitar la independencia de jóvenes recién incorporados al mundo laboral, compartiendo zonas comunes, como lavandería, vending, espacios para el ocio y parking para bicicletas, que mejoran la convivencia y se adaptan a los nuevos requerimientos de esta franja de población, según destaca la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.
El precio máximo de los alquileres de estas viviendas oscilará entre 300 y 350 euros, aproximadamente –con actualización anual según variación porcentual del IPC–, con un ahorro respecto al precio de mercado de entre el 30 y el 40 % del importe de renta.
Respecto a las condiciones de los arrendatarios, básicamente, deben tener como domicilio habitual y permanente el de la vivienda arrendada; deben estar inscritos en el registro público de demandantes de la Junta de Castilla y León; no ser titulares de una vivienda en propiedad; tener hasta 35 años y que los ingresos de la unidad familiar sean inferiores a cinco veces el IPREM.