Un juez niega el uso de la Plaza de Toros de Aranda con la licencia de apertura anulada

Aranda de Duero

Que no. La Plaza de Toros de Aranda no se puede utilizar teniendo anulada la licencia de apertura. Se lo ha dicho al ayuntamiento el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Burgos, a cuyo juez no le han convencido los argumentos de los técnicos municipales en los que se apoyó la Junta de Gobierno Local para instar el pasado verano a Toros Ricor, empresa que explota la plaza, a organizar la feria taurina de las fiestas patronales. Y es que, pese a que en marzo una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la decisión del mismo órgano de gobierno de otorgar al coso licencia de primera ocupación y apertura, un informe jurídico municipal respaldaba la posibilidad de utilizarla en tanto se subsanaban los errores de procedimiento que motivaron la anulación. Los juristas municipales argumentaban que la causa por la que el TSJ anulaba la decisión municipal era la falta de la inspección final que determinara si las obras ejecutadas se ajustaban a las incluidas en la licencia de obras. Según su interpretación este factor sólo influye en la licencia de primera ocupación y no en la de apertura, por lo que el coso podría utilizarse de forma excepcional mientras se procediera a subsanar “el vicio de procedimiento” que dio lugar a la anulación de las licencias.

En la práctica el Ayuntamiento venía a decirle a Victoriano del Río, propietario de la plaza, que no había ningún obstáculo real para cumplir su obligación de organizar la feria taurina durante las fiestas patronales de 2022 y así quedó reflejado en un acuerdo municipal de Junta de Gobierno el pasado 2 de septiembre. Una decisión contra la que, paradójicamente, se pusieron de acuerdo dos actores antagónicos en todo este tortuoso proceso: tanto el empresario taurino como la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros recurrieron la resolución municipal denunciando que no cumplía la sentencia del TSJ. Y el juzgado les da mayoritariamente la razón. Aunque el juez admite que la licencia de ocupación y la de apertura son cosas distintas desmonta el argumento de que a esta última no le afecta la falta de la inspección final de las obras. Considera “prematuro” dar por hecho que el edifico puede asimilarse a los que están “fuera de ordenación” (y por tanto pueden excepcionalmente utilizarse) porque esta circunstancia, indica, solo podrá determinarse a la luz del resultado de la mencionada inspección final. Que está aún sin acometer.

El Ayuntamiento recurrirá en los próximos días este auto porque sigue considerando que hay argumentos jurídicos suficientes para sostener le legalidad del uso de la plaza de toros incluso tras la sentencia del TSJ de Castilla y León. De hecho el propio juzgado reconoce literalmente “la complejidad de lo planteado” motivo por el cual “no estima procedente la imposición de costas.”