Precariedad laboral en las residencias de CYL
Los sindicatos denuncian los bajos salarios y el stress laboral al que se somete a los trabajadores de las residencias en la comunidad
Residencia para mayores. EFE/Juan Herrero. / Juan Herrero (EFE)
Valladolid
Los trabajadores de las residencias de ancianos de Castilla y León; especialmente los que desempeñan su labor en el sector privado, no gozan de unas condiciones mínimas de bienestar laboral y salarial. Los sueldos rondan los mil euros mensuales, la carga de trabajo es excesiva y tampoco cuentan con los medios materiales necesarios para trabajar. Este es el resumen que hace la responsable de los servicios sociosanitarios de UGT Pilar Gutiérrez: “Los trabajadores, especialmente los auxiliares llevan 5 años con los sueldos congelados y cobrando el salario mínimo interprofesional.” Según UGT en Castilla y León hay una ratio de 8 o 10 usuarios por trabajador, “muy lejos de lo recomendable”.
Desde la Consejería de Familia se tramita en la actualidad el Anteproyecto de Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León, que según el Consejo Económico y Social (CES) carece de definición de conceptos y contiene "ambigüedades" que pueden generar "inseguridad jurídica" en algunos aspectos de la norma.
El anteproyecto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León tiene como objetivo “garantizar los derechos de las personas que viven en centros de carácter social públicos y privado con el fin de proteger a los más vulnerables, impulsar la innovación y anticiparse a las necesidades futuras”.
En concreto, el informe del CES advierte de una "falta de definición de conceptos y de concreción" en muchos aspectos, "dando lugar a ambigüedades e interpretaciones confusas", lo que "genera inseguridad jurídica" en determinadas cuestiones como, según señala el CES, la dotación de profesionales específica de cada centro y las ratios mínimas, en el número máximo de personas usuarias asignadas a un gestor, los procedimiento de autorización, inscripción y acreditación de centros y servicios, la cartera de servicios de carácter básico o el plan de contingencias.
Además, el informe pide que se tenga en cuenta que el objetivo de la normativa de la persona considerada individualmente como eje central generará modificaciones estructurales de valoración, dotación, formación y gestión del personal. "El CES recomienda avanzar hacia una atención basada en modelos de vida independiente que posibilite proyectos de vidas elegidas, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir y a continuar viviendo en sus domicilios si así lo desean".