La oposición pide al Ayuntamiento de Segovia que intervenga para acabar con el conflicto laboral en FCC

Segovia

El pasado mes de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León daba la razón a la plantilla del contrato de basuras del ayuntamiento de Segovia, que reclamaba a la empresa adjudicataria, FCC, el abono de las subidas salariales acordadas por convenio y que la empresa se ha negado a pagar a los trabajadores, más de 350.000 euros.

En una reunión con los propios trabajadores de la plantilla, el portavoz de Podemos Segovia, Guillermo San Juan, ha comprobado de primera mano que la empresa no ha abonado a día de hoy lo que debe a la plantilla y cree que el recurso de casación presentado por ésta ante el Tribunal Supremo sólo es una estrategia para ganar tiempo a costa de la plantilla y del servicio público, al tiempo que lamenta, que el equipo de gobierno “mire hacia otro lado”.

El portavoz morado considera inaudito que la empresa que gestiona el contrato más cuantioso del consistorio segoviano “se declare en rebeldía y se niegue a cumplir una sentencia judicial mientras el equipo de gobierno se lo permite”.

San Juan recuerda que el pliego de condiciones de este contrato municipal recoge como falta muy grave por parte de la empresa el incumplimiento de sus obligaciones laborales, lo que permitiría al ayuntamiento imponer sanciones a FCC de hasta 30.000 euros y, en caso de reiterar su incumplimiento, podría incluso rescindir el contrato.

“Si el ayuntamiento paga religiosamente a la empresa por la prestación del servicio más de 6 millones de euros anuales, lo mínimo que se debe hacer es exigir que el servicio se desarrolle adecuadamente, cumpliendo todas las obligaciones que se recogen en el pliego. Si negarse a pagar una subida salarial acordada mediante convenio con los trabajadores, ratificado además por la justicia, que da la razón a la plantilla, no es un incumplimiento de sus obligaciones laborales para la alcaldesa Clara Martín y el concejal responsable del área, Ángel Galindo, ¿entonces qué lo es? Si FCC se ha ahorrado 300.000 euros en las nóminas de los trabajadores, ¿también ha supuesto un ahorro para las arcas municipales, o más bien se lo ha quedado la empresa a costa de empobrecer a la plantilla? ¿El gobierno municipal está dispuesto a mirar también para otro lado?”, se preguntaba San Juan.

Por eso, el portavoz de Podemos reclama al gobierno municipal “que tome parte y defienda la legalidad, los derechos de los trabajadores y la correcta ejecución de los contratos municipales”, al tiempo que señala que, especialmente en un contexto de inflación desbocada, “permitir que se les deba más de 350.000 euros a la plantilla nos parece extremadamente grave”.

“Si el equipo de Clara Martín no intercede para exigir el cumplimiento de esta sentencia judicial y el pago a los trabajadores de lo que debe la empresa no es porque no pueda hacerlo, porque mecanismos a su alcance sí tiene; esta inacción puede desencadenar nuevos conflictos laborales que afecten a la ciudad y al propio servicio, protestas legítimas por parte de la plantilla ante esta situación: cuanto más tiempo se tarde en intervenir desde el ayuntamiento más perjuicio se va a generar tanto a la plantilla como a la ciudad”, señalaba San Juan.