Investigan a un conductor que circulaba a 168 km/hora en un tramo limitado a 70

Burgos

La Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos ha investigado a un hombre de 41 años, P.Q.G., como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por rebasar en más de 80 km/h la velocidad establecida para el tramo de vía por el que circulaba. Los hechos ocurrieron en un tramo de la carretera N-627, a su paso por el Valle de Valdelucio, caracterizado por la presencia de una intersección peligrosa que está señalizada verticalmente, cuando el exceso de velocidad de un turismo que circulaba hacia el límite de la provincia con Palencia fue captado por el radar que estaba emplazado en el lugar.

El cinemómetro marcó en ese instante 168 km/h, lo que supera en más de 80 km/h la velocidad específica establecida por señal vertical en ese tramo de la vía, que la limita a 70 km/h. Por seguridad , la patrulla optó por no detener la marcha del vehículo infractor en ese instante, pero sí se le paró varios kilómetros más adelante, en la autovía A-67 en la provincia de Cantabria, donde una patrulla de la Guardia Civil de ese Subsector identificó al conductor y le comunicó la incidencia.

El hombre ha sido investigado como presunto autor de los hechos por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de la Guardia Civil de Burgos, que ha instruido diligencias y las ha entregado en el Juzgado de Instrucción nº 4 de Burgos. Según recalca la Guardia Civil, "este tipo de acciones al volante no solo pone en peligro la propia integridad física del conductor, sino la de sus acompañantes, en el supuesto de transportar pasajeros, y la del resto de usuarios de la vía".

Además de las posibles consecuencias en el supuesto de una colisión o una salida de vía a esas velocidades, "en caso de una reducción drástica de velocidad o una súbita maniobra evasiva se alargan las distancias de parada y aumentan las posibilidades de perder el control del vehículo", recuerdan desde la Benemérita. Para estas conductas, el Código Penal contempla penas que, aplicadas en su grado máximo, pueden suponer prisión de 6 meses, multa de 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 4 años.