Los investigadores señalan las "contradicciones" en los testimonios de los allegados al acusado por el incendio de La Cabrera en 2017

León

Juicio por el incendio que arrasó 10.000 hectáreas en La Cabrera el pasado 2017. Los agentes del Seprona que investigaron el caso afirman que las declaraciones de los allegados al acusado tienen numerosas contradicciones a pesar de que les consta que coordinaban sus testimonios en un intento por desviar el foco de atención del sospechoso. Es la tónica que estos agentes se contrataron durante todo el proceso. Ante el tribunal han declarado que tenían la sensación de que "todo el mundo sabía cosas pero nadie quería decir la verdad", incluso aquellos que mantenían una relación más distante con el acusado. Es más, en una de las concentraciones protesta que se convocaron esos días, un vecino portaba una pancarta en la que se leía “No más jaimitadas”, en referencia al acusado, si bien nadie ha querido identificar al individuo que llevaba el cartel. Solo hubo una persona, un policía nacional retirado, que se atrevió a localizar al sospechoso en una zona cercana al inicio del fuego minutos después de que éste se produjera.

Durante su declaración, el acusado, residente en Madrid pero oriundo de la zona reconoció ser socio de los cotos de caza de Forna y Losadilla (donde se inició el fuego en cuestión). Los agentes han asegurado que quemar la maleza en esos cotos supone mejorar la visibilidad de las piezas durante la caza y la aparición posterior del verde atraería también a nuevos animales a ese lugar. El acusado fue, de hecho, investigado ya con anterioridad por un incendio en las inmediaciones de Forna.

La Fiscalía, que pide para él más de cinco años de prisión, cifra en 75 los incendios ocurridos en ese entorno entre los años 2012 y 2017, a partir de la fecha del incendio el número de fuegos ha descendido de manera considerable.

El incendio de Losadilla tardó casi 15 días en extinguirse. Calcinó 10.000 hectáreas de terreno, un tercio de ellas de arbolado de importante valor ecológico. Obligó además al desalojo de un centenar de vecinos y se estima que su extinción costó a las arcas públicas unos 10 millones de euros.