El Ayuntamiento de Aranda se opone a la remodelación de las vías del tren por razones urbanísticas

Aranda de Duero

La alcaldesa de Aranda requiere a ADIF que anule o revoque el acto de aprobación del proyecto y para que cese o modifique la ejecución material de las obras de remodelación de la bifurcación de Aranda. Se ampara en un informe jurídico que las considera disconformes con el planeamiento vigente en el municipio.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias solicitó el 18 de noviembre de 2021 un informe de compatibilidad urbanística en relación al este proyecto que implica, por una parte, habilitar nuevas instalaciones en el trazado de estas vías y por otro el desmantelamiento de dos de ellas. Esto último ha recibido un rechazo generalizado, que se traduce también en una moción al Pleno que firmaron el 23 de febrero PP, Ciudadanos, Vox y Podemos y que no llegó a debatirse, en contra de estos planes. Sin embargo, es la primera parte del paquete en la que se apoya la administración local para pararle los pies a ADIF, entendiendo que los terrenos en los que tiene previsto hacer esta obra, que son paralelos a la Avenida del General Gutiérrez, muy cercanos a las viviendas, son espacios libres públicos que no tienen la consideración urbanística legal para realizarla. “Para evitar esta situación, lo que vamos a hacer es adoptar esta mañana, a la vista de la reunión mantenida con los portavoces y que todos ellos apoyan -porque evidentemente todos estamos de acuerdo en que el ferrocarriles es una absoluta necesidad para nuestra localidad, que todas las inversiones que vengan son bienvenidas, por supuesto, pero no infringiendo las normativas urbanísticas y no perjudicando a la ciudadanía arandina- lo que queremos es que el tren sea un servicio público a disposición de los ciudadanos, tanto para mercancías como para pasajeros, por supuesto, pero lo que no vamos a consentir es que esto tenga perjuicios ni se realicen desmantelamiento en este momento que van en la línea contraria absolutamente de lo que estamos demandando todos los ciudadanos ni tampoco perjudique las condiciones por haber utilizado una parcela que no tiene la calificación jurídica correspondiente”, detalla Raquel González.

El Ayuntamiento se ampara en la legalidad urbanística, que contempla sanciones de entre 300.000 y 3 millones de euros en caso de que las obras se realicen haciendo caso omiso de este decreto.