El ex responsable de la Guardia Civil en Ávila investigado por la reforma de los cuarteles
Carlos Alonso Rodríguez estuvo en Ávila entre 2015 y 2017
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Madrid
Carlos Alonso Rodríguez, Teniente Coronel de la Guardia Civil y máximo responsable de la Comandancia de Avila entre mayo de 2015 y noviembre de 2017 es una de las personas investigadas por el juzgado de instrucción número 3 de Madrid que investiga la realización de diversas obras en diferentes dependencias de la Benemérita distribuidas por diferentes puntos de nuestro país, entre ellas la provincia de Ávila. En este mismo sumario figura también el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que en la época a la que se refieren los hechos era subdirector general de Apoyo del instituto armado.
La investigación que sigue un juzgado madrileño por presuntas irregularidades en obras de mantenimiento y reforma en cuarteles de la Guardia Civil lleva ocho meses estancada, a la espera de que se nombre un perito que haga un informe para dilucidar si las obras acometidas son acordes con las facturas. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han confirmado a EFE que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, mantiene investigados a dos empresarios, uno de ellos el constructor lanzaroteño Angel Ramón Tejera de León, conocido como Mom y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador. Los cuatro están investigados por un presunto delito de falsedad documental en relación con las obras acometidas en trece comandancias de la Guardia Civil, fundamentalmente obras de albañilería, pintura e impermeabilización de cuarteles, han precisado las fuentes.
Este procedimiento se abrió en 2021 y se han llevado a cabo varias diligencias, pero desde hace ocho meses no avanza debido a que el juzgado no ha podido nombrar a un perito que haga un informe sobre los costes de las obras. El pasado mes de enero la Fiscalía remitió un escrito al juzgado en el que constata que una perito ya ha elaborado un informe sobre las obras de Ávila y no se opone a que los informes periciales referidos a las provincias restantes los desarrollen expertos de la Dirección General de Patrimonio del Estado, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
Hoy por Hoy Matinal Ávila 7:20 (10/03/2023)
10:00
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El origen de este proceso judicial en Madrid está en las diligencias previas que abrió en 2019 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil en el que se denunciaba una posible actuación ilícita en contratos para obras en acuartelamientos, según informó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Tras estudiar el asunto, el Juzgado de Ávila se inhibió en los juzgados de Madrid, ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, el teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General.
Según consta en la investigación judicial, Servicios Internos de la Guardia Civil denunció que entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017, dos empresas domiciliadas en Canarias habrían conseguido la adjudicación de contratos para la realización de obras en numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila. Los trabajos facturados se habrían abonado en su totalidad, con una asignación presupuestaria que se habría descentralizado desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, pese a que los trabajos en muchos de los acuartelamientos no se habrían ejecutado en su totalidad, y en otros casos ni siquiera se habrían iniciado.
Las averiguaciones revelaron que en trece comandancias se habrían llevado a cabo trabajos similares incrementando enormemente la facturación e ingresos de dichas empresas. Este jueves se ha conocido que La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel por fraude fiscal para uno de los investigados en esta causa, el constructor Ángel Ramón Tejera, por otro procedimiento: se sentará en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife (Lanzarote) el 12 de abril para responder por un delito contra la Hacienda pública, relativo a los beneficios de la empresa Angrasurcor de 2016.
