Castilla y León destina 8.469 euros a cada universitario, en la media pero lejos de los 12.000 de La Rioja o los 10.000 de Cantabria y País Vasco

Valladolid

Castilla y León destina 8.469 euros a cada alumno matriculado en una universidad pública de la Comunidad, lo que supone estar ligeramente por encima de la media española (8.329 euros) pero muy lejos de la financiación de regiones como La Rioja (11.929 euros), Cantabria (10.130 euros) y País Vasco (10.053 euros). Solo la Universidad de Valladolid (UVa) se acerca a la barrera de los 9.000 euros de este indicador de gastos corrientes por estudiante, con un valor de 8.915 euros, mientras que el resto está por debajo de la media autonómica como León (ULE), con 8.465 euros; Salamanca Usal, con 8.219, y Burgos (UBU), con 8.013 euros.

El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), con datos del curso 2020-2021 y consultado por la Agencia Ical, señala que hay seis universidades públicas presenciales en España que en 2020 tienen valores por encima de los 10.000 euros entre un total de 47 instituciones académicas. Al igual que el año pasado, lideran el lista la Universidad Politécnica de Valencia (12.696 euros) y la Politécnica de Cartagena (12.096 euros), seguidas por la Universidad de la La Rioja (11.929) y la Politécnica de Cataluña (11.738 euros) así como la de Cantabria (10.130 euros) y la del País Vasco (10.130 euros).

En el otro extremo, se sitúa la Universidad Rey Juan Carlos I (3.400 euros), Castilla-La Mancha (6.924 euros), Baleares (6.964 euros) y Girona (6.973 euros). El listado sitúa a la UVa en el puesto 13 como universidad con más mayor gasto corriente por alumno a nivel nacional; la ULE se queda en el 26 y las instituciones de Salamanca y Burgos caen hasta los lugares 31 y 32, respectivamente.

Por comunidades autónomas, La Rioja, Cantabria y País Vasco se mantienen en el top tres, al igual en el año 2019, con gastos superiores a los 10.000 euros. Por el contrario, Castilla-La Mancha y Baleares ocupan los últimos puestos, con menos de 7.000 euros por alumno. CYD recordó que, precisamente, estas dos regiones fueron, junto a Canarias las que experimentaron mayores descensos en 2020 en esta ratio, con valores por encima de 250 euros por estudiante. Los aumentos más destacados (150 euros por alumno) se registraron en Andalucía y Extremadura.

Castilla y León se sitúa en el décimo lugar en el listado. Pese a contar con 140 euros más de gasto corriente por alumno que el conjunto de España, está por detrás de La Rioja, Cantabria y País Vasco pero también de Navarra, Asturias, Valencia, Galicia, Cataluña y Aragón. En todo caso, la financiación de la Junta a las cuatro universidades públicas de la Comunidad está por delante de Andalucía, Canarias, Murcia, Extremadura, Madrid y Baleares.

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Otra de las variables analizadas por la Fundación Conocimiento y Desarrollo es el gasto de personal por trabajador, que en el curso 2020-2021 en Castilla y León alcanzó los 50.158 euros, casi 2.000 menos que la media nacional (51.981). Es el sexto desembolso más bajo del país, solo por detrás Castilla-La Mancha (44.425 euros), Baleares (47.294), Extremadura (47.453), Aragón (48.529) y Cantabria (50.065 euros). Aquí también aparece lejos de los puestos de cabeza como País Vasco (57.585), Cataluña (55.872) y Canarias (55.351 euros).

Por universidades, la de Valladolid repite como el mayor gasto, con 51.635 euros, y se sitúa en el puesto 20 de entre las 47 analizadas en España. León, con 50.664 euros, aparece en el lugar 29; Burgos, con 49.503, en el 35, y vuelve a cerrar la Usal, con 48.755 euros, en el puesto 40. Es decir, la universidad salmantina solo tiene universidades por detrás con menos gasto de personal.

Además, el informe recopila los precios públicos universitarios, que afectan a los recursos de los que disponen las universidades públicas españolas y los costes que los estudiantes asumen por su educación. El documento recuerda que corresponde a las comunidades autónomas establecer, “dentro de los límites del marcados”, las tarifas que deben abonar los alumnos por conceptos que se incluyen en la matrícula universitaria como las tasas académicas y el coste de los servicios administrativos (expedición de títulos y gastos de secretaría).

En el curso analizado 2021-2022, el precio medio de la primera matrícula de grado en la media nacional fue de 17,3 euros, aunque con una diferencia que iba de los los algo más de 23 euros por crédito de Madrid y Cataluña hasta los menos de doce euros de Galicia y los doce de Asturias, Canarias y Andalucía. Castilla y León se quedó en el octavo lugar con el precio más caro, con 16,5 euros.

CYD subrayó que con respecto a 2014-2015, curso en el que estaba en “pleno” vigor la anterior legislación y se habían producido los “intensos” incrementos de matrículas, la reducción en el precio medio del crédito en primer matrícula en grado fue del 16,3 por ciento en España, aunque en Castilla y León estuvo diez por puntos por encima, hasta el 26,2 por ciento. Solo Cataluña y Asturias registraron mayores bajadas.

Y es que la Junta ha sacado pecho sobre el “considerable” esfuerzo realizado en los últimos años en materia de tasas universitarias, hasta que el punto que destacó que logró situar los precios públicos de las primeras matrículas de grado y máster en el curso 2021-2022 en los niveles de 2011-2012.

En cuanto al precio medio de la primera matrícula de máster habilitante para el ejercicio de una profesión regulada fue de 22,4 euros en la Comunidad, por encima de los 21,1 euros del conjunto de las universidades públicas de España. También está por encima en el coste del crédito del máster no habilitante (32,3 frente a 31,2 euros). Un descenso que continuó en Castilla y León ya que los estudiantes que cursaron estos estudios en el presente curso pagaron 368 menos que el año anterior.

Esfuerzo financiero

El informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo calcula el esfuerzo financiero que realiza el usuario privado en la financiación de las universidades públicas en relación con la riqueza autonómica. Al dividir las tasas, precios públicos y otros ingresos por alumno entre el PIB per cápita regional en 2020, se llega a la conclusión que los universitarios de Madrid (11,4 por ciento) y la Comunidad Valenciana (9,5 por ciento) fueron los que tuvieron que hacer mayores esfuerzos para estudiar mientras que los menores correspondieron a los del País Vasco (4,3) y La Rioja (5,3 por ciento). Castilla y León se quedó en el sexto lugar en cuanto a esfuerzos, con el ocho por ciento, por detrás de las dos primeras, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha.

Traducido en euros, el mayor esfuerzo de los universitarios de la Comunidad recae en los matriculados en la Universidad de Salamanca, donde desembolsaron en el año 2020 una media de 2.127 euros mientras que los que menos fueron los de la UBU, con 1.533. Entre medias, se situaron los estudiantes de la Universidad de León (1.817 euros) y los de la UVa (1.673 euros). A la cabeza, estuvieron tres universidades madrileñas como la Complutense (5.054 euros), la Politécnica (4.472 euros) y la Carlos III (3.493 euros). También aparecieron con valores superiores a los 3.000 euros por estudiante la Politécnica de Cataluña, la Autónoma de Madrid y la Politécnica de Valencia.

Pasar del 0,7% al 1% del PIB

La fundación del Banco Santander, cuya presidenta es Ana Botín, destacó que uno de los problemas “evidentes” del sistema universitario español es la falta de una financiación suficiente, por lo que España queda sistemáticamente por debajo de los países europeos y de la OCDE en el indicador de gasto por alumno o respecto al PIB así como en la ratio de gasto por alumno respecto al PIB per cápita. Actualmente, la financiación pública para las universidades en España se sitúa en torno al 0,7 por ciento del PIB, mientras que en la OCDE y en los países europeos supera el uno por ciento. “Esta limitada inversión, junto a los problemas de gobernanza y autonomía, condicionan la competitividad del sistema universitario español”, concluyó.

La entidad se refirió a la evolución “muy negativa” de los fondos públicos para la educación superior en España, causada por la crisis de la deuda soberana a partir de 2010, lo que obligó a realizar recortes presupuestarios y aumentar los impuestos y tasas para intentar disminuir su déficit público. Algo que también afectó a las universidades públicas, con disminuciones en las transferencias recibidas y el incremento de los precios públicos universitarios. “Dada esta evolución, la participación privada de las familias en la financiación universitaria ha tendido a aumentar porcentualmente de manera clara, y se sitúa ya en niveles superiores a los de la OCDE”, precisó.

CYD destacó que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) busca “paliar” la insuficiencia del sistema al fijar el objetivo del uno por ciento del PIB de la financiación pública para las universidades. Eso sí, advirtió que, de momento, es una “llamada de atención” ya que no se ha establecido ningún mecanismo “vinculante” ni un horizonte temporal para conseguirla. El texto de la ley, aprobada el pasado jueves, señala que las comunidades autónomas y las universidades comparten el “objetivo” de destinar como mínimo el uno por ciento del PIB al gasto público en educación universitaria.