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El exjefe de la Comandancia de Ávila pide declarar para demostrar su "falta de participación" en el 'caso cuarteles'

Carlos Alonso Rodríguez dirigió la Comandancia de Ávila entre 2015 y 2017

Efectivos de la Guardia Civil / Guardia Civil

Madrid

El exjefe de la Comandancia de Ávila, el teniente coronel Carlos Alonso Rodríguez, ha pedido comparecer de manera voluntaria ante la juez del denominado 'caso cuarteles' para demostrar su "falta de conocimiento y participación" en las presuntas irregularidades cometidas en las adjudicaciones de obras que se investigan en al menos 13 comandancias de la Guardia Civil.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la defensa de Alonso Rodríguez ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid para solicitar que se le tome declaración de nuevo, tal y como ha adelantado 'Vozpópuli', ya que llegó a comparecer en sede judicial cuando el procedimiento se investigaba en los juzgados de Ávila, antes de que el caso se enviara a Madrid.

Si la juez accediese a la petición, Alonso Rodríguez declararía en calidad de investigado, porque es uno de los cuatro imputados en la causa. Al comparecer bajo esta fórmula, tendría derecho a no declarar, a no declararse culpable y a no responder a las preguntas de algunas de las partes --aunque de momento solo figuran la Fiscalía y el resto de defensas--.

INFORME PATRIMONIAL

Asuntos Internos de la Guardia Civil alertó en octubre de 2020 en un informe de que Alonso Rodríguez en los años 2016 y 2017 ingresó en sus cuentas bancarias distintas partidas de dinero en efectivo por importe de 21.500 euros "cuyo origen (...) no ha podido ser determinado".

El objetivo de dicho informe patrimonial, al que ha tenido acceso Europa Press, era determinar el capital inmobiliario y mobiliario que pudiera poseer el teniente coronel que entre abril de 2015 y noviembre de 2017 fue jefe de la Comandancia de Ávila y que --según Asuntos Internos-- adjudicó a empresas de ese contratista "obras finalmente cobradas pero no ejecutadas o ejecutadas únicamente de manera parcial".

Ante el informe de la Benemérita, la defensa de Alonso Rodríguez presentó escrito ante el juzgado en el que insistió en que resultaba "evidente y constatable" que no tenía ingreso alguno que no correspondiese a su "nivel de ingresos declarados". "No existe incremento patrimonial significativo", añadió al tiempo que recordó el principio de presunción de inocencia.

Entre otros argumentos, el agente explicó que él y su mujer empezaron a ahorrar en metálico en junio de 2010 y que su suegra --que falleció ese año-- "en vida (le) entregó dinero en efectivo para gastos".

Además, la representación letrada del teniente coronel incidió en que nada tenía que ver con los hechos que se investigan en otras comandancias ajenas a la de Ávila y que la instrucción le había causado un "daño gratuito" a su "imagen personal y a la de su mujer". En aquella ocasión solicitó que se le apartase de la causa como investigado y que cambiara su condición a la de testigo.

LA INVESTIGACIÓN

Por ahora, en este caso constan como investigados el propio Alonso Rodríguez, que fue jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila entre 2015 y 2017; el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que fue subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil; el trabajador por cuenta propia Salvador Gutiérrez; y el empresario Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', que además aparece en el sumario del caso 'Mediador' como persona vinculada al general investigado Francisco Espinosa, que está en prisión preventiva.

El caso, que se empezó a instruir en Ávila en 2019 y fue remitido a Madrid en 2021, lleva al menos ocho meses paralizado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid a la espera de un informe pericial sobre las obras efectuadas en 13 comandancias: las de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo.

Asuntos Internos cifra en 3,3 millones de euros el importe de las obras adjudicadas entre 2008 y 2019 por dichas comandancias de la Benemérita a las empresas administradas por 'Mon', pese a constar que algunas de ellas no fueron ejecutadas o fueron realizadas parcialmente, "lo que pudiera ser constitutivo de los delitos de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y malversación".

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