El alcalde de Cabañas deriva en su mujer y en el secretario la responsabilidad sobre la adjudicación de una parcela municipal a una empresa de su propiedad

León

Se sienta ante la justicia acusado de adjudicarse a él mismo una parcela en el polígono industrial del municipio para poner en marcha una empresa que contaba con una subvención pública procedente de los fondos miner, en concreto, más de 53.000 euros. En este sentido, se ha desligado de cualquier poder en la toma de decisiones sobre el asunto. En su vertiente profesional, asegura que las decisiones de este tipo las tomaba su mujer, que ejerce como administrativa en su empresa de veterinaria.

En su faceta de alcalde, mantiene que todas las adjudicaciones pasaban por las manos del secretario (ya fallecido, por cierto) y éste nunca puso reparo alguno, a pesar de que junto a su oferta también estaba la de otra empresa que ofrecía dos euros más por metro cuadrado. El alcalde recordó que su labor al frente del Ayuntamiento se limita a pasar unas "10 o 12 horas semanales en el consistorio" firmando los expedientes que previamente le dejaba el secretario ya que no tiene dedicación exclusiva y vive de su trabajo como veterinario.

Asegura el regidor Juan Marcos López, del Partido Popular, que siempre le movió el interés por favorecer a su municipio con la instalación de una nueva empresa. Así lo ha confesado durante la primera jornada del juicio en la Audiencia Provincial donde acude después de que el portavoz del PSOE llevara el caso a los Tribunales.

El PSOE mantiene que no pasó por el pleno

El concejal socialista ha declarado este lunes como testigo. Mantiene que la adjudicación de la parcela nunca pasó por el pleno municipal, que no se hizo exposición pública y que él mismo pudo comprobar cómo se realizaba movimiento de tierras en esos terrenos antes incluso de ser adjudicados.

El juicio quedará mañana visto para sentencia con la declaración de más testigos. Al delito de negociaciones prohibidas a funcionario público, la acusación particular añade los de fraude, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía pide para él una pena de 10 meses de prisión, quince meses de multa a razón de 10 euros diarios, además de la inhabilitación por durante una década.