Aranda de Duero

El Centro Cultural Caja Burgos de Aranda acoge este viernes a las ocho de la tarde una conferencia debate bajo el título ‘El robo de bebés en el Estado Español como crimen de género. La asociación memorialista En medio de Abril y Podemos organizan este acto que presidirá Soledad Luque Delgado, presidenta de una asociación que tiene por nombre ‘Todos los niños robados son también mis niños’, un colectivo que desde 2017 lleva trabajando en la promoción e impulso de una Proposición de Ley a favor de las familias que han sido víctimas de esta lacra. Lo que persiguen es contar con una legislación que garantice el derecho a la verdad, la justicia, la reparación a favor de las víctimas de este delito y las garantías de que no se repitan hechos tan lamentables.

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Son dos legislaturas las que han transcurrido ya desde que se comenzó a tramitar esta ley. La asociación espera que el Gobierno considere esta cuestión como una de sus prioridades.

Que se esclarezca la verdad

“Es una proposición de ley que permitiría investigar estos delitos, tanto los que se produjeron en el franquismo como en la democracia, y que permitiría también amparar a todas las víctimas en los derechos humanos, tanto a las familias que buscan como a las personas que están buscando ahora sus padres biológicos porque sospechan que pudieron ser bebés robados”, explica Soledad Luque, recalcando que el objetivo no es lograr indemnizaciones económicas, sino que se esclarezca la verdad. “Nuestra reparación, fundamentalmente la única que se podría compensar, sería la verdad y la justicia: nunca hemos pedido indemnizaciones económicas ni las vamos a pedir, con lo cual yo creo que es algo factible su aprobación ya que hay un consenso político importante y un consenso social”, añade la presidenta de este colectivo.

La importancia de esta Proposición reside en la gravedad que alcanzan los crímenes de robo de niñas y niños en el Estado español, que se suceden en un espacio temporal de más de 50 años y se extienden por todo el territorio del Estado. En Castilla y León desde 2011 hasta 2019 la Fiscalía abrió 77 diligencias de investigación, aunque todas ellas podrían haber sido cerradas por falta de pruebas.