Exigen al Ministerio de Justicia no utilizar las elecciones generales para eludir su responsabilidad con los empleados en huelga

Burgos

El Comité de huelga de los trabajadores de la Administración de Justicia ha hecho público un comunicado tras conocer el anuncio del Presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio.

Consideran que, desde el 24 de enero de este año, el Gobierno de España debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los Letrados de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo. Al menos el Ministerio de Justicia era conocedor de que el conflicto era muy probable.

Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, sostienen los funcionarios, el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada primero, el de los Letrados de la Administración de Justicia, luego anticipando las reuniones con las asociaciones de Jueces y Fiscales, al conflicto planteado de forma efectiva por los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia.

Como resultado de esta “estrategia”, la propia Ministra de Justicia y sus colegas, así como otros cargos del Ministerio, orgánicos o asesores, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo, advierte el Comité de huelga.

Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha haya fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga, prosigue el comunicado

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Alertan de que millones de ciudadanos están afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años.

El daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores y trabajadoras de Justicia, según datos de los colegios de abogados y procuradores, necesitará de varios años para recuperarse.

A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizado por el Presidente del Gobierno, aseguran que ''no estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo''.

El gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de Julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018.

Por este motivo, exigen al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno para ''escabullirse'' de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia, medio millar en la provincia de Burgos y para con la ciudadanía española.

Exigen al Presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida. En este sentido mañana se registrará un escrito del comité de huelga al Presidente del Gobierno reclamando su intervención y uno similar se dirigirá a la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz, como representante de la otra parte del Gobierno de coalición.

La LOEO (Ley Orgánica de Eficiencia Procesal) y el resto de leyes de eficiencia pendientes de tramitación en el Congreso decaerán con la publicación del decreto de disolución de las cámaras, pero todavía existe un punto de las reivindicaciones que el Ministerio de Justicia y el Gobierno en general, no pueden obviar.

Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.