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Los abogados palentinos se movilizan por la situación de la Justicia

Han convocado una concentración para el miércoles día 28 ante la sede de los Juzgados a las 12.00 horas para mostrar su preocupación por cuatro meses consecutivos de paralización de juzgados y tribunales que tienen colapsado el servicio público de justicia

El nuevo Decano del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa Espeso / Ana Mellado

El nuevo Decano del Colegio de Abogados de Palencia, Miguel Hermosa Espeso

Palencia

El Colegio de Abogados de Palencia han convocado una concentración para el próximo miércoles día 28 de junio ante la sede de los Juzgados de Palencia (Plaza de los Juzgados) a las 12.00 horas, para mostrar su preocupación por cuatro meses consecutivos de paralización de juzgados y tribunales que tienen colapsado el servicio público de justicia de nuestro país, y que está consiguiendo que la situación en sus despachos sea insostenible, tal y como indican en un comunicado conjunto que han elaborado junto con el Colegio de Procuradores.

Este es el inicio de una serie de acciones que van emprender para intentar que se alcance un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia. Exigen la urgente e inmediata reactivación del servicio público, por el bien del país y de la ciudadanía.

Reproducimos a continuación el comunicado:

"Desde los Colegios de Abogados y Procuradores de Palencia queremos poner de manifiesto nuestra preocupación por la situación que presenta el Servicio Público de Justicia, a raíz de las sucesivas huelgas de los diferentes colectivos de personal que presta servicio en esta Administración. Desde hace meses se están suspendiendo gran número de actos procesales, vistas, señalamientos, comparecencias, que están conllevando a la casi total paralización de un servicio público que es un poder del Estado. Las demoras en los señalamientos a las que nos enfrentamos son inasumibles, dado que en muchas ocasiones de suspenden actos procesales que ya fueron suspendidos con anterioridad.

Si comenzamos el año con la convocatoria de huelga del cuerpo de los letrados de la administración de justicia, desde hace más de un mes estamos inmersos en otro periodo reivindicativo por parte del personal funcionario de esta Administración. Actualmente se está produciendo un grave perjuicio a la ciudadanía impidiéndoles el ejercicio del derecho constitucionalmente reconocido a la tutela judicial efectiva. Son numerosas las suspensiones, muchas de ellas sin previo aviso, lo que está provocando dilaciones inadmisibles en los procedimientos y pérdidas económicas, laborales y de tiempo en las personas que se desplazan a los órganos judiciales en los que han sido citados.

De la misma forma, el perjuicio generado al resto de los profesionales que prestan asistencia en juzgados y tribunales está llevando a muchos despachos a una situación insostenible, imponiéndose un sentimiento generalizado de frustración ante la imposibilidad de ejercer la profesión y obtener rendimientos económicos. Es evidente que no podemos olvidar que se ha de respetar de forma incontestable el derecho constitucional de huelga, como lícito medio para poder reclamar mejoras laborales y salariales, pero todos tenemos la necesidad que buscar la compatibilidad con el ejercicio de los derechos que se conculcan.

Nos hallamos, además, en periodo electoral, lo que no puede ser excusa para dejar de explorar soluciones consensuadas al conflicto en el que nos encontramos inmersos. Ejemplos tenemos de acuerdos recientes con el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y con las asociaciones de jueces y fiscales. El mantenimiento de la huelga acordada el pasado martes 13 de junio en las distintas asambleas celebradas, por la mayoría de los funcionarios, ante el bloqueo de las negociaciones, no hace sino acrecentar la incertidumbre que embarga a todos los afectados, todo ello a las puertas del periodo vacacional de verano.

Por ello, apelamos a la responsabilidad de todos los agentes implicados, Ministerio de Justicia y Sindicatos, para que se haga el esfuerzo de encontrar una solución al conflicto existente de forma inmediata, poniendo fin a la actual situación de paralización del Servicio Público de Justicia que es un pilar básico de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, y que todos hemos de garantizar y proteger."

 

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