El sector de la Justicia pide un plan de recuperación para salir del colapso

Aranda de Duero

Una treintena de abogados y otros profesionales de la Justicia se concentraba este mediodía en los Juzgados de Aranda para exigir una salida inmediata a la situación de bloqueo en que se encuentra esta administración.

Se trata de una protesta convocada por los 83 colegios de la abogacía que hay en España para mostrar su preocupación por cuatro meses consecutivos de paralización de juzgados y tribunales. Y es que tras la acumulación de procedimientos por la pandemia, y meses de parálisis a causa de los conflictos laborales en cadena, denuncian que están en una situación “de auténtico colapso”. En los últimos meses se han ido encadenando huelgas de letrados primero, jueces después y ahora funcionarios de justicia, lo que ha tenido como consecuencia que actualmente no se garantice un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva. “Estamos en una situación de conflicto colectivo que no tiene visos de solucionarse, porque el Ministerio de Justicia no se reúne con los funcionarios en huelga, que son 45.000, y hace falta solucionar este problema”, advierte Rafael de las Heras, que lamenta “la suspensión de pistas judiciales, muchas veces sin ningún previo aviso, lo que nos hace preparar los juicios y luego que no se celebren y nos causa un trastorno importante”, lamenta.

En el conjunto del país se están suspendiendo decenas de miles de vistas continuamente, habitualmente sin previo aviso. Son miles de notificaciones sin tramitar, escritos sin proveer, demandas sin repartir, así como los mandamientos de consignaciones y depósitos judiciales paralizados. En el caso de Aranda esta situación recae especialmente en el Juzgado número 1, donde en las últimas semanas se han suspendido todas las causas abiertas en la sección Civil.

Piden que las partes implicadas en el conflicto (actualmente funcionarios y ministerios de Justicia y Hacienda), encuentren una “solución inmediata” y para establecer un plan de recuperación. La protesta tiene también una vertiente económica, pidiendo una subida salarial de entre 350 y 430 euros mensuales a través del "complemento general del puesto".