La huelga en la Justicia lleva a los juzgados a una situación "límite"

Valladolid

La huelga de los funcionarios de Justicia está poniendo al límite a jueces, abogados y procuradores en Valladolid. Al presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Carranza, le es difícil recordar una situación como esta y da prácticamente por perdido el año judicial en Valladolid.

Son cerca de 60 los juicios los que se suspenden todas las semanas en los distintos juzgados de Valladolid desde hace más de un mes que dura la huelga indefinida de los funcionarios, y a la que ha precedido otra según el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Javier Carranza.

Carranza considera justas las reivindicaciones de los funcionarios de justicia y espera un pronta solución, aunque lo ve difícil este año por las elecciones generales.

Nuevas protestas

Abogados y procuradores han salido a la calle atendiendo a la convocatoria del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), para reclamar “un pacto en Justicia” y una “intervención decidida de los poderes públicos” que termine con las sucesivas huelgas que desde el mes de enero paralizan el servicio de justicia en todo el país. Reivindican un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público de justicia, así como medidas urgentes para resolver los “inadmisibles retrasos” ya acumulados. “La actual situación del servicio público de justicia es insostenible", aseguran en un comunicado. "Este servicio público lleva paralizado por diversas huelgas desde hace más de 4 meses, sin cumplimiento efectivo de los servicios mínimos y sin visos de solución”.

“Se siguen suspendiendo continuamente decenas de miles de vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando miles de notificaciones sin tramitar, una cuenta de consignaciones y depósitos judiciales paralizada, y señalamientos fijados ya para fechas tan irrazonables como el año 2027”, lamentan, además de considerar “descorazonador” que los ciudadanos y profesionales de la justicia tengan que concentrarse ante las sedes judiciales para recordar a los poderes públicos que “la tutela judicial efectiva es fundamental para el normal funcionamiento del Estado de Derecho”.

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