Peticiones que suman 53 años para los presuntos 'narcos' y traficantes de armas de la operación 'Parabellum'

Valladolid

Fiscalía de Valladolid solicita penas que en su conjunto se elevan a casi 53 años de cárcel para las seis personas, cuatro varones y dos mujeres, que en septiembre de 2021 fueron detenidas en el marco de la 'Operación Parabellum' por, presuntamente, integrar un grupo criminal dedicado al tráfico de armas y de cocaína en las localidades de Medina del Campo y Villanubla.

Los seis encausados, de los cuales tres siguen en prisión provisional, compartirán banquillo los próximos días 6 y 7 de julio en la Audiencia de Valladolid, donde el supuesto líder del grupo, Roberto M.R, se expone a la pena más elevada, en concreto catorce años de cárcel y multa de 80.000 euros por delitos de tráfico de drogas, depósito de armas y munición y pertenencia a grupo criminal, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Le siguen su pareja María Belén B.J, quien se expone a once años y medio e idéntica multa; Marko H.F, a quien el fiscal pide diez años y medio y también 80.000 euros de multa; Javier L.H, con cinco años y diez meses y 30.000 euros de multa, y Roberto M.B--es el padre del presunto cabecilla-- y su pareja, Gema F.F, a los que la acusación pública solicita cinco años y medio y 2.400 euros.

En el relato de hechos, el fiscal sitúa en el primer escalafón del grupo a Roberto M.R, como "cabecilla" de una trama dedicada a la venta al menudeo de sustancia estupefaciente, concretamente cocaína, así como a la adquisición y venta de armas de fuego.

Desde la propia cárcel con un móvil

Y lo hacía como líder de un grupo que, al menos de julio a septiembre de 2021, organizó tras su ingreso en prisión, una vez que la policía desmanteló otro anterior en el que también desempeñaba funciones de liderazgo y que concluyó con su detención y condena, así como también con la de su expareja, María Belén B.J.

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Un teléfono móvil con dos tarjetas SIM que le fueron ocupadas en su celda fue, supuestamente, su medio de comunicación a través del cual daba órdenes al resto de sus secuaces, entre ellos María Belén, con la que tiene cuatro hijos en común, y a Javier L.H. ('el huevo'), si bien luego incorporarían al resto.

En el organigrama, la acusación pública sostiene que María Belén y Marko se encargaban de desplazarse a distintas localidades para el aprovisionamiento de droga. Además, el varón también se haría cargo de la adquisición y venta de armas. Cuando ambos se encontraban de viaje, era una hija de 15 años de ella la que atendía la venta al menudeo desde el domicilio.

Por su parte, Javier L.H. se ocuparía fundamentalmente del transporte de la sustancia y de la adquisición de armas, mientras que Roberto M.B, progenitor del principal inculpado, y su pareja, Gema F.F, se hacían cargo de las armas y munición del grupo, dinero en efectivo y de la custodia de los objetos de origen ilícito, como un chaleco antibalas perteneciente a la Policía Local de Valladolid que había sido sustraído.

Las detenciones se produjeron el 21 de septiembre en la localidad de Medina del Campo, en la que se practicaron entradas y registros en tres domicilios, y en Villanubla, concretamente en el centro penitenciario, situado en dicho municipio, donde se procedió a la detención del preso preventivo Roberto M.R.

En el transcurso de los registros domiciliarios se intervinieron tres armas cortas (revólveres del calibre 22; 22 magnum y 32), con su correspondiente munición; 172,58 gramos de cocaína, 23.076 euros, útiles para el corte, peso y venta de la droga, tres cargadores de armas de guerra, dos pistolas simuladas, tres machetes y una catana, 350 cartuchos de diverso calibre de armas cortas y largas, así como el citado chaleco antibalas con la inscripción Policía Municipal.

Beneficios de 15.000 euros mensuales

Los miembros de grupo criminal, tal y como apuntó en su día la Policía Nacional, traficaban con cantidades de cocaína que oscilaban entre medio y un kilo de cocaína al mes, por cuya actividad obtenían importantes beneficios que superaban los 15.000 euros mensuales, además del dinero invertido en nuevas adquisiciones de droga por un valor entre 20.000 y 40.000 euros. La droga incautada en el mercado ilícito alcanzaría la cantidad de 10.416 euros.

Durante los meses en los que se prolongó la investigación la policía pudo acreditar que este grupo criminal traficó con más de 15 armas cortas y varias armas largas, todas ellas de origen ilícito, utilizadas tanto para su protección personal como para su venta en el "mercado negro", obteniendo una media de 3.500 euros por arma vendida. El arma más cara en poder del líder de este grupo se trataba de un Subfusil UZI (9 mm parabellum) que habría sido obtenida por un precio de 7.500 euros.