Condenados a penas de hasta 15 años de cárcel cinco miembros de una familia que actuaba en el Bierzo como un grupo criminal para prostituir a jóvenes en situación vulnerable
Es la primera sentencia que se dicta en el partido judicial de Ponferrada por la responsabilidad penal de grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres.
Ponferrada
Condena de entre 9 y 15 años y tres meses de cárcel a cada uno de los cinco miembros de una familia de proxenetas a los que el juez de lo Penal de Ponferrada considera integrantes de una banda criminal que operaba de forma organizada para obligar a adolescentes mayores de edad y en especial situación de vulnerabilidad a prostituirse desde tres viviendas ubicadas en el Bierzo, aunque en ocasiones también eran transportadas en una caravana a otros puntos del norte peninsular para vender sus servicios sexuales, y quedarse posteriormente con su dinero.
Es la primera vez que se condena en el partido judicial de Ponferrada por un "delito de integración en grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres", entre ellas a una hermana de uno de los miembros del matrimonio formado por una mujer de 43 años que además era la que según ha quedado probado, dirigía el clan que también componían su marido de 47 años, dos hijos de ambos de 28 y 23 años y un hermanastro de 20 años. Todos ellos permanecen en prisión provisional desde noviembre de 2021 y tenían repartidas las funciones dentro del grupo criminal controlando a las víctimas, a las que incluso se les negaba asistencia médica.
Según se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso Radio Bierzo, el Magistrado considera probado que desde una vivienda en Toral de los Vados y dos pisos en Ponferrada obligaron a prostituirse a tres jóvenes de 18 años a las que habían acogido en el domicilio porque carecían de lo básico para vivir dignamente. Lejos de mostrar caridad se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad para inducirlas a la explotación sexual bajo intimidación y engaño. Se da además la enrevesada situación de que una de ellas es hermana de uno de los acusados y que había regresado a Toral con su hijo de un año porque no tenía trabajo.
Fue de hecho la primera en ser víctima del delito de determinación coactiva al ejercicio de la prostitución, al ser forzada a mantener relaciones sexuales bajo el pretexto de alimentar al niño y ayudar a pagar los gastos de la convivencia. En la misma época, entre 2020 y 2021, otras dos muchachas de la misma edad,18 años, de familias desestructuradas, sin estudios ni empleo fueron y con problemas de salud fueron acogidas, pero también introducidas rápidamente en los canales de páginas on-line de redes de prostitución y se le proporcionó ropa interior y medios para estar con los clientes .
La guardia civil destapó esta truculenta historia en el marco de la operación "Drapico", siguiendo la investigación de la compra de armas que tenía en su poder la cruel familia y con las que conseguían amedrentar a las jóvenes que, aun así, consiguieron escapar y denunciar los hechos. Entre las armas requisadas se encuentran dos pistolas semiautomáticas, navajas, cuchillos, un puño americano e incluso billetes falsos de diez euros y una USB que había sido denunciada en la localidad de Muros.
Además de las penas de prisión se establecen indemnizaciones de entre 6.500 y 11.340 euros para las tres víctimas y la prohibición de acercarse a ellas durante 5 años.
