Cada provincia contará al menos con una unidad de registro para que los ciudadanos puedan formalizar su testamento vital
Sacyl actualiza la norma para hacer más accesible la consulta por parte de los sanitarios y controlar los accesos
Valladolid
Todas las provincias de Castilla y León contarán, al menos, con una unidad para que los usuarios de Sacyl puedan registrar su testamento vital. Con este paso, la Gerencia Regional de Salud busca hacer más accesible este derecho de los pacientes, en un momento en el que cobra mayor relevancia con la entrada en vigor hace algo más de dos años de la ley que regula la eutanasia.
El nuevo decreto, a cuyo borrador ha tenido acceso Ical, regulará de manera unitaria tanto el procedimiento de formalización como el de funcionamiento del registro, y hará más fácil el proceso tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Las unidades habilitadas de registro ayudarán al usuario y, también, facilitarán y certificarán este testamento vital para que llegue a centros sanitarios ajenos a Sacyl.
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Hasta que se desarrollen estas unidades, las divisiones de Asistencia Sanitaria e Inspección de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, o de la Gerencia de Salud de Área, ejercerán como tales, según el nuevo decreto, que actualizará el de 2007.
El texto reforzará los canales para garantizar el acceso a todo el personal responsable de la asistencia sanitaria, tanto médico como de enfermería, en aquellas situaciones en que sea necesario tomar decisiones clínicas y el usuario se encuentre imposibilitado para expresar su voluntad. Por último, incorporará los medios electrónicos tanto para la formalización e inscripción como para el acceso a su contenido del testamento vital.
De hecho, se añadirá a la historia clínica electrónica del usuario, y el acceso por el personal médico y de enfermería responsable de la asistencia sanitaria, tanto en centros públicos como privados, se hará por medios telemáticos que garanticen la confidencialidad de los datos y la identificación tanto de la persona que solicita el acceso como de la información suministrada, de modo que quede huella. Se recoge el deber del secreto para profesionales sanitarios, como para los de las unidades habilitadas de registro.
Posibles procedimientos
Existen tres procedimientos posibles (ante notario, ante tres testigos o ante personal al servicio de la Administración) para formalizar un documento de instrucciones previas, que más allá de indicar cuidados y tratamientos, puede recoger el destino del cuerpo y de los órganos una vez llegada la muerte, así como designar a un representante. En el caso de referir situaciones críticas, vitales e irreversibles respecto a la vida, se pueden incorporar instrucciones para que se evite el sufrimiento con medidas paliativas y/o para que no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios.
Desde que la Consejería de Sanidad puso en marcha el Registro, en 2008, hasta el 31 de diciembre de 2022 (último dato disponible) se han inscrito un total de 17.088 testamentos vitales en la Comunidad. El año pasado, fueron 1.753 documentos, un 26,4 por ciento más que el año anterior, evolución generalizada en todas las provincias, con los mayores aumentos en Valladolid (68,3 por ciento) y León (47,8 por ciento). Estas dos provincias, junto a Burgos, son las que tienen más otorgantes 24,9 por ciento del total (4.256), en el primer caso, y del 18,6 (3.172) y el 17,9 por ciento (3.053), en los otros dos.
Las mujeres son las que más se han interesado por ejercer este derecho, de tal forma que, del total de documentos, 11.030 son de mujeres (64,5 por ciento) y 6.058 de hombres (35,5 por ciento). Concretamente, en el año 2022, se decidieron a dar este paso 1.147 mujeres (65,4 por ciento) y 606 hombres (34,6 por ciento). La edad media es de 60,0 años.
Aunque en Castilla y León se puede ejercer este derecho desde 2003, el registro de instrucciones previas se creó en 2008. Este registro está incluido en el nacional, para que cualquier testamento vital inscrito en Castilla y León pueda ser conocido por los facultativos de fuera de la Comunidad.