El exalcalde de Cabañas Raras anuncia su adiós entre declaraciones de inocencia
El teniente de alcalde, Manuel García, que también fue regidor, toma las riendas del Ayuntamiento hasta que se decida un sustituto.
Ponferrada
En una comparecencia ante los medios a la que también acudió público, flanqueado por el presidente del comité electoral del PP de León, Raúl Valcarce, y por sus concejales, Juan Marcos López ha aclarado que presentó su renuncia el pasado jueves, al conocer que la Junta Electoral comunicaba la anulación de su acta de concejal como consecuencia de una sentencia de inhabilitación. Marcos anticipa que no volverá a hablar del asunto hasta que haya sentencia firme sobre el recurso presentado en el Tribunal Superior de Justicia, pero insiste en su inocencia tanto en la adjudicación de una parcela a su empresa veterinaria como en la recepción de una subvención de los fondos Miner. Fue el pleno el que aprobó por unanimidad aquella parcela y en ningún momento fue advertido de ilegalidad por el secretario: 'No me informó', aseguraba Marcos
De hecho, la empresa sigue abierta en Cabañas, donde ha generado empleo, tal como exigían los fondos del carbón. Podía haberla llevado a cualquier otro municipio, pero quiso que quedase en su pueblo,
Además de agradecer el respaldo vecinal y de sus compañeros concejales, Marcos ha insistido en varias ocasiones en que no ha sido condenado por delito económico alguno ni hubo ánimo de lucro en sus actuaciones.
Además deslizó en su comparecencia que esta es una decisión temporal, pero a la pregunta de si regresaría a la política si sale absuelto, respondía con un ‘no lo sé’.
El ya exalcalde también ha dejado un recado a los tres concejales del PSOE en el Ayuntamiento. Aunque no ha querido profundizar, asegura que existe una sentencia firme contra la que fue candidata socialista, Inés Gutiérrez, que esta debería explicar, y que hubo actuaciones sospechosas de los otros dos concejales, Juan Bautista y Antonio Puerto en sus responsabilidades en Juntas Vecinales.
Juan Marcos fue condenado en el mes de junio por sendos delitos de gestión interesada y prevaricación administrativa. Entre otras penas, la condena comporta inhabilitación de once años para empleo o cargo público.