La Plataforma Ciudadana del Directo rinde cuentas

Aranda de Duero

Fue hace algo más de dos años cuando la Plataforma Ciudadana del Directo anunció una cuestación popular destinada a demandar tanto a ADIF como al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la paralización y abandono del tramo de esta línea férrea entre Madrid y Aranda. Transcurrido este tiempo, este colectivo ha hecho públicas las cuentas de esta campaña, que de momento cierra esta primera etapa con un primer objetivo cumplido. Con los casi seis mil euros recaudados (5.971) pudo realizar unos informes periciales que han corroborado el mal estado de la línea en varios puntos de Madrid, Segovia y Burgos. Con esos documentos, y con la aportación de otros muchos que obran en poder de la Plataforma, el servicio de abogados contratado ha podido elaborar un documento completo sobre el mal estado de la línea y la nula actuación por parte del gestor ADIF durante los últimos años en este primer tramo.

Cumplida esta etapa, este colectivo ciudadano quiere rendir cuentas a la sociedad, y especialmente a todas aquellas personas y empresas que han contribuido de forma económica a esta iniciativa. “La población sí que es cierto que de alguna manera ha participado en las manifestaciones, pero evidentemente hacer donaciones es otra cuestión; en las huchas que hemos dejado de los comercios han ido dejando los céntimos de la barra de pan y la financiación ha venido principalmente de empresas y de personas que no viven ni siquiera en España pero que tienen ascendencia en Aranda”, explica Jorge Núñez, el presidente.

Desde la directiva lamentan que no se hayan logrado los alrededor de 60.000 euros necesarios para llevar a cabo la demanda al completo. Achacan a ello el nulo apoyo que tuvieron por parte del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aranda de Duero con su alcaldesa Raquel González a la cabeza, que después de contar con el visto bueno de todos los grupos municipales y de modificar los estatutos de la Plataforma para que la ayuda municipal fuera viable “ni siquiera se dignó a convocar un Pleno para tratar el asunto, dando continuas largas”. Jorge Núñez lamenta que se hayan perdido tres años y se haya gastado parte del esfuerzo en modificar los estatutos de la propia plataforma para poder recabar este tipo de ayudas públicas que, de momento, no ha tenido. “El mandato anterior nos supuso tres años de demora para no concluir en ningún tipo de ayuda: han sido tres años en los que hemos estado pidiéndolo constantemente, incluso hablamos con el resto de los partidos que están interesados en aportar fondos para rebelarse contra esta burla de ADIF, pero nunca llegó la respuesta; nos ha supuesto tres años de retraso y nosotros no tiramos la toalla, creemos que es un derecho que debemos de recuperar, que la línea no debe de reabrirse solo para la mercancías como muchos piensan”, asevera Núñez.

El segundo paso, una vez conseguida esta documentación sería entrar en la fase judicial y la plataforma por el Ferrocarril no cuenta con el dinero suficiente para ello. La cantidad sobrepasa el dinero conseguido y, aunque no desestiman seguir adelante, dependerá de las futuras ayudas. Núñez advierte que resignarse a perder la comunicación ferroviaria con Madrid y con Burgos para pasajeros no es una buena opción, teniendo en cuenta las restricciones crecientes que se están aplicando en las ciudades de más de 50.000 habitantes, que obligarán a muchos ciudadanos a comprar un nuevo vehículo aunque no esté en sus planes. “El daño no es solo para las empresas, sino para cada uno de nosotros, puesto que hay limitaciones ya vigentes para 2024 para circular en ciudades de más de 50.000 habitantes y en 2026 esas limitaciones van a ser todavía más graves y el que no se compre el coche el año que viene se tendrá que comprarlo dentro de tres años”, advierte el presidente.

De todas formas, el trabajo realizado no ha sido en vano. Aseguran que gracias a la labor que se ha realizado, desde el gobierno se ha “movido ficha” prometiendo la retirada de la bateadora del túnel de Somosierra que se encuentra taponando la línea desde 2011. “Saber que contamos con armas judiciales contra el Ministerio les ha hecho dar un paso, algo que no habían hecho hasta ahora”, indican.