CSIF denuncia en Burgos que el Estado desampara a 200.000 empleados públicos por bloquear el protocolo contra el acoso sexual
El sindicato califica de “inexplicable” que la mayor empresa de España carezca de una hoja de ruta para denunciar estos casos
Jornada del sindicato CSIF sobre acoso sexual en la Administración General del Estado, celebrada en Burgos / csi-csif
Burgos
Los más de 200.000 empleados y empleadas de la Administración General del Estado (AGE) están “desamparados” y “maniatados” ante un posible caso de acoso sexual o por razón de sexo. Así lo ha denunciado hoy la secretaria nacional de Igualdad y Responsabilidad Social de CSIF, Eva Fernández Urbón, durante la celebración en Burgos de la jornada ‘El acoso sexual y por razón de sexo en la AGE’, organizada por el sindicato mayoritario en la Función Pública, y que ha contado también con la intervención de Juan José Fernández Domínguez, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de León.
La razón, según ha esgrimido, es que el Ministerio de Función Pública mantiene “bloqueado y escondido en un cajón desde hace justo un año de forma inexplicable” un protocolo de acoso sexual o por razón de sexo, que fue consensuado con CSIF y el resto de sindicatos mayoritarios, y “retrasado por cuestiones de agenda del Ministerio de Función Pública” cuando ya se tenía programado noviembre de 2022 como fecha para su firma. “Pese a nuestras insistencias, nunca hemos recibido explicación del motivo del bloqueo”, ha añadido.
Por este motivo, Fernández Urbón ha exigido a al Ministerio que “demuestre su compromiso con miles de empleados y firme ya el documento, ya que “resulta inaceptable que el Gobierno, que debería ser referente nacional, se niegue a aprobar un protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo en su propia empresa, la AGE, que es la mayor de España, y en cambio sí obligue al resto de empresas y a administraciones a contar con uno propio”.
La inexistencia de un protocolo, según ha añadido, “está impidiendo que el personal de AGE se atreva a dar el paso de denunciar casos de acoso”, ya que desconocen a qué persona dirigir la denuncia, el plazo en el que se resolverá, si está garantizada o no la confidencialidad de su caso, “y muchos trabajadores y trabajadoras optan por solicitar un cambio de destino como medida para huir de la situación”.
Además, al no contar con un mecanismo eficaz y transparente a la hora de poder denunciar, “los casos se van quedando en los departamentos”, sin que salgan a la luz datos exactos del número de denuncias por acoso presentadas por el personal de AGE. “Así es imposible realizar un diagnóstico de la situación y actuar con medidas de prevención, sensibilización y formación en aquellos departamentos, organismos o comunidades donde se estén produciendo más casos”, ha apuntado.
Según ha explicado la responsable de Igualdad de CSIF ante los asistentes a la jornada, el protocolo ya consensuado incluía, entre otros asuntos, que en el plazo de un mes debía resolverse la denuncia, del mismo modo que se fijaban unas medidas cautelares durante ese mes para que la víctima no sufriera más situaciones de acoso y se garantizaba si fuera necesario un apoyo psicológico a la víctima para su total recuperación.
