SPPMCYL asegura que el Ayuntamiento deberá pagar a los agentes que estuvieron de prácticas sus retribuciones complementarias

Aranda de Duero

El Sindicato de Policías Locales de Castilla y León ha anunciado a través de una comunicación a los medios de que el pasado viernes "el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Burgos dictaminaba a favor de los componentes de la última promoción de agentes de Policía Local de Aranda las retribuciones complementarias correspondientes al puesto durante el periodo de prácticas de los agentes, ya que en ese periodo sólo habían cobrado las retribuciones básicas". El citado organismo denuncia que estas prácticas se habían realizado mediante servicios a turnos, incluyendo noches y festivos, en los que los agentes en prácticas "realizaron todo tipo de intervenciones relacionadas con las funciones policiales, como así reconoce dicha sentencia".

SPPMCYL considera "frustrante" que "haya que solicitar y argumentar las razones mediante recursos contenciosos", ya que "en los informes realizados al respecto se niegan las peticiones de los trabajadores", y también que la nueva RPT, único instrumento legal para actualizar las retribuciones, "no llegue", ya que "la última es de 2012 y está desfasada". "Mientras en otros ayuntamientos se modifica y actualiza año a año, aquí no saben o no quieren llevarla a cabo con lo cual cunde el desánimo y los agentes en los que el Ayuntamiento ha invertido tiempo y dinero terminan marchándose a otros lugares donde su labor se vea valorada económicamente", defienden.

El Sindicato considera además que "en los últimos años se ha producido un deterioro de las condiciones económicas de los trabajadores del Ayuntamiento de Aranda de Duero debido a la pasividad administrativa y/o política", y pese a que se reconoce públicamente a la labor desarrollada por la Policía local en los últimos años, "si el servicio se vuelve a ver comprometido por la falta de efectivos será la ciudadanía y el pueblo de Aranda el que pagará las consecuencias relativas a la seguridad pública, del tráfico, los eventos o la atención ciudadana por parte de su policía".

En este caso, aseveran, no cabe recurso al tratarse de un gasto menor de 30.000 euros.