Aplazados medio centenar de procesos por la huelga indefinida del turno de oficio de Ponferrada
Ponferrada
Más de medio centenar de procesos y tramitaciones judiciales se han suspendido debido a la huelga indefinida que mantienen los abogados del turno de oficio en Ponferrada desde el pasado 21 de noviembre. La inmensa mayoría de los cerca 80 letrados que se ocupan del servicio de justifica gratuita han secundado la protesta que ya ha provocado cambios en las agendas por lo que el juez decano, Óscar Hernáiz confía en una inmediata interlocución con el ministerio ahora que ya existen nuevos nombramientos
Es la tercera huelga en lo que va de año de alguno de los estamentos judiciales. Primero fueron los letrados de justicia, después los funcionarios y ahora los abogados del turno de oficio. Hernáiz reconoce cierta preocupación porque los plazos que se habían fijado para recuperar la actividad tras las dos primeras huelgas no se podrán cumplir
A pesar de esos retrasos, Hernáiz ha destacado la responsabilidad de los letrados dado que se está cumpliendo escrupulosamente los parámetros de asistencia judicial a requerimiento de los jueces y en caso urgentes a pesar de que el Ministerio no ha fijado servicios mínimos para los colegiados
Acto Homenaje a La Constitución
Hernáiz presidió el acto con el que todos los estamentos del Palacio de Justicia han rendido homenaje a la Constitución Española. Además de dar lectura a nueve de los artículos de la Carta Magna también se ha dado a conocer el acuerdo de la Junta de Jueces en el que ha puesto énfasis en la importancia de la separación de poderes como mecanismo de estabilidad y control institucional y como garantía del actual modelo de organización política y social. Han remarcado el sometimiento total de jueces y magistrados a la ley y a la defensa de la Constitución y remarcando que nadie está por encima de la Ley.
También han insistido en su mensaje en que la independencia judicial no es un privilegio sino una garantía para que puedan ejerecer su función sin presiones y asumiendo el ordenamiento jurídico y La Constitución por lo que, aseguran, no requieren de supervisión alguna de otros poderes del Estado. El acuerdo cuenta con el respaldo de los jueces, fiscales, abogados, forenses, junta de personal, procuradores y letrados de la administración de justicia.