El instituto Ferrari da la voz de alarma: si la Junta no cumple, habrá impagos

Valladolid

La dirección del instituto Ferrari de Valladolid ha reunido a las familias del centro para explicarles la complicada situación económica por la que atraviesan. Una situación provocada por el impago de la Junta, que aún no ha transferido el 40% del presupuesto de 2023, que normalmente se abona en el último trimestre del año. A punto de finalizar el ejercicio, el centro se encuentra con que no puede hacer frente a determinados gastos.

Y no es un asunto baladí: con ese montante, el centro debe sufragar servicios tan importantes como el mantenimiento de las instalaciones, la luz, el agua o el gas. De hecho, el AMPA relata en un comunicado que "el centro sigue sumando deudas con las empresas del suministro de luz, gas y agua, servicio de mantenimiento y limpieza, consumibles, etc..." por lo que la asociación teme que las deudas lleguen "al límite" y el centro comience a sufrir cortes de estos servicios.

Es más, en último extremo, advierten de que esa situación podría cerrar el instituto "dejando a 1.086 alumnos sin poder continuar su curso escolar, es decir, negando el derecho a la educación a 1.086 alumnos de la provincia de Valladolid. Todo ello, sin olvidar el grado de afectación a las familias de estos alumnos que tendremos que acompañar a nuestros hijos, menores de edad, hasta que el centro vuelva a reabrir sus puertas".

Sin fecha para cobrar

Pero lo peor no es no haber cobrado sino desconocer cuándo obtendrán esos fondos. Y es que desde principios de noviembre, la Junta ha ido retrasando la fecha de ingreso en varias ocasiones, hasta que hace unos días, tal y como ha relatado el centro a las familias, la Dirección Provincial de Educación comunicó telefónicamente a la Dirección del centro que desconocía cuándo iban a recibir esta partida; es más, tampoco tenían la certeza de que ese segundo pago se fuera a ejecutar y si, de abonarse, se haría parcial o totalmente.

Temen recortes

Las familias temen que esto sea una prueba en realidad, es decir, que la Junta quiera comprobar que el centro puede funcionar con menos recursos, de forma que al año que viene tengan una excusa para justificar un recorte en los presupuestos para los centros educativos. Gemma Vegas, tesorera del AMPA, cree que es una forma de degradar la calidad de la educación pública: "Si ahora, con el 60% que han cobrado cubren los gastos de este año de funcionamiento, pues el año que viene va a ser más pequeño".