Las leyes que PP y Vox 'olvidan' este mes de enero

Valladolid

Las Cortes de Castilla y León han habilitado el mes de enero para tramitar una serie de leyes que están pendientes de completar su paso por el parlamento autonómico y poder ser, de esta forma, aprobadas lo antes posible. Una de esas leyes es la del juego, que viene a sustituir a la norma vigente en la actualidad, del 98, y que lleva cinco años sobre la mesa.

Por ello, la Federación de Jugadores Rehabilitados de Castilla y León celebra que al fin comience la recta final para que la ley sea aprobada. Su presidente, Angel Aranzana, asegura que muchas de las peticiones, tanto de la mesa sectorial en la comunidad como de las propias asociaciones, ha sido escuchadas: "La distancia entre locales de juego, por ejemplo, aumentan a 300 metros; los controles de acceso van a ser reales... aunque es cierto que la distancia a los colegios no aumenta a pesar de que lo habíamos pedido".

Además, tal y como detalla Aranzana, habrá una mesa de seguimiento del cumplimiento de la ley para controlar que se respeta la norma. Se contemplan, dentro de este marco, controles esporádicos a los locales para comprobar in situ que cumplen la ley.

Eso sí, la parte que menos les convence es la que atañe a la financiación, ya que el dinero que les llega a las asociaciones sale de las sanciones impuestas a la industria del juego, con lo que a un sector cada vez más responsable, menos dinero llega a unas asociaciones que hacen el trabajo que la administración no puede o no quiere llevar a cabo: "El dinero se lo dan a la consejería de Familia y la consejería lo reparte, pero nosotros queríamos que hubiera una cantidad fuera de eso, porque la ley persigue que el sector cumpla la normativa, con lo que a mayor cumplimiento, menos sanciones, porque los empresarios se ponen las pilas para hacer todo bien".

En la tramitación parlamentaria la nueva ley se podrá enriquecer con las enmiendas que presenten los grupos de la oposición. El Grupo Parlamentario Socialista presentará 30 encaminadas, asegura Yolanda Sacristán, a reforzar la atención a colectivos vulnerables: "Queremos garantizar la protección frente a los efectos adictivos a personas menores de edad, especialmente vulnerables, y quienes presenten conductas adictivas. El texto que nos propone la Junta es muy laxo; por ejemplo, la normativa de publicidad deriva a la normativa genérica de protección de menores y a la que regula la publicidad".

Ley de Patrimonio

También llega a las Cortes la Ley de Patrimonio, que lleva el marchamo de Vox, que es quien dirige la consejería de Cultura. La Asociación por el Patrimonio de Castilla y León considera que la sociedad civil, que es quien muchas veces cuida y vigila el patrimonio de una comunidad tan extensa como esta, no está adecuadamente representada en la norma.

No se recogen las recomendaciones y medidas del Convenio de Faro, un documento suscrito en 2005 y asumido por España en 2022, y que da un papel fundamental en este campo a la ciudadanía. Óscar Carranza, presidente de esta organización, pone algunos ejemplos: "Este anteproyecto de ley no recoge nada en cuento a la participación de la juventud en la defensa del patrimonio o la educación en este campo y tampoco se recoge lo que refleja el artículo 13 del Convenio respecto al conocimiento, todo lo que tiene que ver con la presencia del patrimonio en todos los niveles educativos, de una forma trasversal".

Los olvidos

Sin embargo, hay otras leyes que no han tenido tanta suerte y que no están aún en el punto de comenzar su tramitación parlamentaria, pero no será por tiempo. Les ponemos un ejemplo: la ley que garantiza la prestación de los servicios esenciales en Castilla y León. La prometió  Alfonso Fernández Mañueco en la última campaña electoral y la tramitación comenzó en agosto de este año. Cuatro meses después, ha llegado a las Cortes.

Mientras que la ley contra la violencia de género de la comunidad, por ejemplo, lleva ocho años intentándolo, con distintos procesos participativos de la sociedad civil que cayeron en saco roto. Por eso, la portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Yolanda Martín, considera que la Junta tiene leyes de primera y leyes de segunda: "Lamentamos que desde la Junta sigan tratando la ley de violencia de género como una ley de segunda categoría cuando cada vez hay más denuncias y sigue habiendo asesinatos; hay un fallo en el sistema que necesita ser actualizado y esta ley, que estaba consensuada en el diálogo social, sigue en el cajón. Es lamentable".

La misma suerte ha corrido la ley LGTBI de Castilla y León; también se viene arrastrando de varias legislaturas con el PP siempre remando en contra. La razón que daban en principio era que querían esperar a que hubiera una ley a nivel nacional... ley que salió adelante en febrero de 2023. Sin embargo, en la comunidad... silencio. Desde Fundación Triángulo, Yolanda Rodriguez, cree que es un olvido deliberado: "Una ley que se supone que debería de desarrollarse, porque ya hubo varios intentos y se supone que el legislador debería de estar pendiente de hacerlo, y sin embargo, no se ha querido a plantear de ninguna de las maneras".

Otras leyes que sí pasarán por las Cortes de Castilla y León, o esa es la intención al menos, son la ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León, la que regulará el modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día, la ley que garantiza la prestación de los servicios esenciales en la Comunidad  y la ley por la que se crea el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.