Sociedad

El juzgado abrirá vista oral contra Pizarras Compex por presunto delito ecológico y contra el alcalde de Oencia por prevaricación

La denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción hace hincapié en la "inacción del alcalde a sabiendas de que la empresa carecía de permisos y del daño ecológico que realizaba con sus vertidos". La Junta dio declaración de impacto ambiental el 2022.

Ecologistas en Acción

El juzgado Nº8 de Ponferrada sigue adelante con la causa abierta por Ecologistas en Acción contra el alcalde de Oencia y el propietario de pizarras Compex y El Poltrón y abre juicio oral para sentarlos en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales, respectivamente.

La asociación remarca la importancia que tiene este procedimiento "que debe ser ejemplarizante para las administraciones y también de advertencia para las que hacen la vista gorda a este tipo de actividades e incluso se permiten reiteradamente negar el acceso a información ambiental que solicitaban las entidades vecinales", indica desde Ecologistas en Acción, Cristóbal López. Por eso, remarca, se atribuye al alcalde de Oencia, Arsenio Pombo, un presunto delito contra las instituciones del Estado y otro delito de prevaricación urbanística, por omisión en las inspecciones que se debían haber realizado tras numerosas denuncias por la falta de licencias de la cantera que extrae pizarra en la zona desde el año 2006. Durante más de 15 años, la cantera ha funcionado, mantienen los ecologistas, sin autorización de Licencia Ambiental de ningún tipo, sin que el ayuntamiento paralizase su actividad y sin que se tomasen medidas por su afección al espacio de la Red natura 2000 y a la zona de Importancia Comunitaria Os Ancares-Courel, ya en Galicia, y con la consideración de Zona de Especial Protección para el oso pardo.

Tanto el Seprona como Confederación Hidrográfica y la Junta de Castilla y León, dicen los ecologistas, han han constatado los daños ecológicos sobre el LIC Riberas del río Sil, colmatando varios kilómetros de cauce con residuos mineros. "El ayuntamiento es el principal garante porque es el que realmente puede ver en su territorio que alguien está realizando una actividad ilegal y las consecuencias de vertidos que ha supuesto, pero también deberían haber actuado tanto la Junta como la CH-Miño-Sil", indica Cristóbal López, quien confía en que alguien ponga freno a la actuación de un alcalde con una explotación, El Poltrón, que asegura "no es una excepción". A pesar de la situación irregular, la Junta dio declaración de impacto ambiental hace dos años.

 
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