La Audiencia de Segovia condena a cinco personas por secuestrar y torturar a un matrimonio
La pena oscila entre los 12 y los 23 años de cárcel. El secuestro y la tortura del matrimonio ocurrió en el año 2020 en la N-110, a la altura de Sepúlveda
Fachada de la Audiencia Provincial / Radio Segovia
Segovia
La Audiencia Provincial de Segovia ha condenado a cinco integrantes de una banda criminal a entre 23 y 12 años de prisión por el secuestro y tortura de un matrimonio ocurrido en 2020 en la N-110, a la altura de Sepúlveda (Segovia).
El fallo judicial, al que ha tenido acceso EFE, les ha encontrado culpables de una serie de delitos graves, entre los que se incluyen pertenencia a grupo criminal organizado, tenencia ilícita de armas, detención ilegal, y lesiones agravadas y contra la integridad moral, entre otros. El incidente tuvo lugar en enero de 2020, mientras el matrimonio regresaba a su hogar en Madrid tras disfrutar de unas vacaciones en la localidad soriana de El Burgo de Osma.
Los criminales interceptaron a la pareja en el kilómetro 121 de la N-110, bloqueando la carretera con vehículos equipados con luces azules, aparentando ser agentes de la Policía Nacional. Tras someter a las víctimas a alrededor de nueve horas de tortura, golpes y agresiones, los delincuentes lograron obtener información para acceder a la vivienda de las mismas en Madrid y burlar sus sistemas de seguridad. Durante el episodio, los secuestradores sustrajeron un total de 30.000 euros en efectivo, más de 12.000 euros en joyas y dos teléfonos móviles.
Tras perpetrar el robo, liberaron a las víctimas en las proximidades de su domicilio, amenazándolas con represalias si informaban a las autoridades. La investigación policial llevó a realizar varios registros domiciliarios donde se encontraron armas de fuego, ropa simulada de cuerpos de seguridad y una plantación de marihuana.
La sentencia también contempla una pena adicional de 5 años y 1 día de prisión para uno de los acusados que hirió a un agente disparando con un arma de fuego durante uno de los registros. Además de las penas de cárcel, los condenados deberán indemnizar a las víctimas con el valor del dinero y las joyas sustraídas, así como abonar una suma de 21.745 euros por daños morales y lesiones sufridas. La sentencia no es definitiva y cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
