Trabajadores de AMBI y Cocemfe aseguran ante el juez que accedían a entregar parte del sueldo a su jefe por miedo a ser despedidos

León

La Audiencia Provincial de León juzga esta semana a José Antonio Fierro, el que fuera presidente de la Confederación de personas con discapacidad física en León, Cocemfe, cargo que compatibilizaba con su labor de responsable en AMBI, su delegación berciana. Se le acusa de un delito de condiciones ilegales de trabajo por presuntamente presionar a sus trabajadores para que entregaran parte de su sueldo argumentando que era necesario para el funcionamiento de las asociaciones. La Fiscalía calcula que los empleados otorgaban entre 200 y 700 euros de su sueldo al mes y, con esas cifras, llegó a recaudar unos 80.000 euros de 29 empleados.

El acusado ha basado su defensa en mantener que esas aportaciones se hacían con carácter voluntario debido al carácter solidario y comprometido de ambas asociaciones.

Parte de los damnificados han testificado también este lunes ante el Tribunal. Todos han coincidido a señalar que hacían esas entregas ante la posibilidad “de perder su trabajo”. Señalan, además, que aunque la situación ‘flotaba en el ambiente laboral’ era un “tema tabú” del que nadie quería hablar en la oficina.

Una trabajadora ha llegado a afirmar que las pagas extraordinarias al completo también tenían que aportarlas ante la petición de su jefe e, incluso, los finiquitos (ya que muchos encadenaban contratos temporales en función de los programas subvencionados que lograba el colectivo), tampoco llegaban a cobrarse.

Mientras la mayoría de los empleados aseguraban que aportaban el dinero en sobres después de cobrar la nómina, otra trabajadora aseguró que “firmaba nóminas de 1.700 euros y llegaba un cheque de 900”. Cuando preguntó a qué se debía, Fierro le aclaró que era una aportación para el funcionamiento de la asociación y en el momento que reiteró sus dudas, fue despedida.

También al unísono los empleados han declarado que la situación se acabó cuando Fierro dimitió de sus cargos tras una acusación de acoso sexual por parte de una ex trabajadora. La víctima consiguió demostrar en el juzgado que recibía insinuaciones sexuales por mensaje de móvil bajo la amenaza de ser despedida sino aceptaba mantener relaciones. Ahora, la Fiscalía también pide en esta vista una indemnización de 15.000 euros para la mujer.