Quejas a media voz, informes sin criterios técnicos y 'norecuerdos': así ha sido la primera semana del juicio por el 'Caso Perla Negra'

Valladolid

¿Qué le dijo su jefe en marzo de 2006? ¿Se acuerda del contenido de alguna reunión de trabajo sucedida hace 14 años? Si la respuesta a las preguntas anteriores es "no", está usted cualificado para ser testigo del mayor caso de presunta corrupción urbanística en la historia de Castilla y León. Para eso y para confirmar que es, básicamente, un ser humano normal. Porque una instrucción casi eterna juega a la contra de la capacidad de cualquier memoria media. Los primeros que han declarado ante los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid han utilizado con frecuencia el "no lo recuerdo" ante las preguntas de las acusaciones y los abogados defensores de los acusados, entre ellos, la antigua cúpula de la Consejería de Economía en la época en la que era dirigida por el casi todopoderoso consejero -también fue vicepresidente del Gobierno autonómico- Tomás Villanueva.

Lo que se analiza es si hubo sobrecostes en la compra de un edificio situado en Arroyo de la Encomienda que, primero, pasó por una fase de alquiler. La dispersión de sedes y las estrecheces en algunas de ellas llevaron hace más de 20 años a que los rumores de máquina de café sobre una mudanza a un único inmuebles se concretasen en el arrendamiento en primera instancia de un gigantesco bloque de oficinas situado en una zona en la que, en aquel momento, no había más que bloques en construcción en sus inmediaciones. Las dimensiones, el color, la película de moda en aquellos momentos y la imaginación de los funcionarios pronto dieron con el mote perfecto para él: la 'Perla Negra'`. También se analiza el proceso de compra de parcelas para levantar un polígono empresarial en Portillo, una decisión que no llegó a salir de los despachos para concretarse en una obra. En cuanto a la 'Perla', del alquiler de una de las torres se pasó al de una segunda y de ahí a la compra. Y a la necesaria adaptación interior, incluida una pasarela para conectar dos zonas en un principio independientes. También se analiza el proceso de compra de parcelas para levantar un polígono empresarial en Portillo, una decisión que no llegó a salir de los despachos para concretarse en una obra.

Un "despropósito" de 20 millones de euros, presuntamente. La palabra entrecomillada fue utilizada por Jesús Carlón, que fue el primero que alzó la voz sobre este asunto. Y que también fue el primero en testificar después de que el presidente de la Sala, Juan Miguel Donis, desestimara, esta vez sí, las cuestiones previas de las defensas que alegaban más o menos lo mismo que hace un año cuando sí se aplazó el juicio. De los suspiros de alivio de entonces a otros suspiros motivados, quizá por el extenso calendario de vistas que se prolongará hasta principios de mayo.

Carlón fue el primero en testificar y el que, a sus más de 80 años, sí que recordó con precisión algunos de los acontecimientos que le llevaron a alzar la voz. Algo que, por cierto, según explicó a preguntas de la fiscal le llevó poco menos que al ostracismo por parte de sus jefes. El ex gerente de Gesturcal explicó cómo se realizó la compra de los terrenos en Portillo. Ha confirmado que no fue la Junta la que compraba los terrenos tras la correspondiente expropiación si no que, siempre según su testimonio, hubo empresas intermediarias que participaron en el proceso.

Poco más se puedo sacar en claro de este primer día. La jornada del martes tuvo como de sus momentos más destacados el testimonio de quien, en la fase de instrucción, se definió como "recadero jefe" de la Consejería de Economía. Tomás Machota, un hombre muy cercano a Tomás Villanueva admitó que, a pesar de no tener conocimientos de economía fue nombrado jefe de Servicios Económicos en ese departamento. Y que fue el viceconsejero Rafael Delgado quien le encargó un informe para justificar la compra del edificio de Arroyo a pesar de que como él mismo reconoció carecía de conocimientos técnicos al respecto. Así, aseveró que su base para elaborar el documento fue lo "que hace la mayoría de la gente: tengo alquilado una casa, tengo la posibilidad de comprar". Y remachó con que "siempre los españoles tendemos más a comprar que a alquilar" para justificar las razones que esgrimió en ese informe.

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Quejas y avisos

También hemos escuchado al ex director general de Presupuestos de la Junta, José Armando Baeta. Alertó en una reunión del consejo de administración de la sociedad Gesturcal las dudas que le generaba el precio de alquiler para la primera torre de la Perla Negra. Como explicación, Rafael Delgado le facilitó un informe con precios que a él no le cuadraban. Y sobre la adquisición de los terrenos de Portillo, tanto Baeta como otro de los testigos, Pablo Trillo, vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Económico en el momento de los hechos, y actual parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León ha aportado una de las explicaciones que a él le facilitaron para justificar la operación. En concreto la "fundamental" que le trasladaron es que "dado que se había hecho un desembolso importante en esa carretera" -en referencia a la Autovía de Segovia- "había que tener algo alrededor que diera beneficios".

Trillo se ha ratificado en lo que ya declaró en la fase de instrucción: que comunicó sus "inquietudes" al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, también citado como testigo la próxima semana, ante los rumores de los propios trabajadores de la Agencia sobre el elevado precio del alquiler que se pagaba por la Perla Negra y que motivó la compra del edificio.

También ha quedado claro que las dos operaciones pasaron por el consejo de administración de la sociedad Gesturcal cuando las dos estaban cerradas. En ello insistieron otros, como la actual viceconsejero de Economía, Carlos Martín Tobalina, y el entonces número dos de la Consejería de Hacienda, Francisco Javier Guijarro Ambos destacaron que les llamó la atención la oportunidad de la adquisición de las parcelas para desarrollar un polígono en un momento de crisis económica y con una elevada deuda en Gesturcal. De todos modos, también señalaron que las explicaciones recibidas a posterior les convencieron de la legalidad de los trámites que se habían desarrollado.

A partir del 11 de abril será el turno para escuchar a los doce acusados, como los antiguos viceconsejeros Begoña Hernández y Rafael Delgado, además de Juan Carlos Sacristán y Alberto Esgueva. Algunos de ellos no han dejado de tomar notas en estas primeras sesiones e incluso de hacer signos de desaprobación ante algunas de las aseveraciones de los testigos. Les acompañan en el banquillo los empresarios que participaron en el proceso de compra del Edificio de Soluciones Empresariales y en la adquisición de terrenos de Portillo.

Después llegarán las pruebas documentales, las conclusiones definitivas, los informes de las partes y, por último, si así lo consideran, las últimas palabras de los acusados que se enfrentan a penas de prisión que, en conjunto superan los 70 años, de acuerdo los planteamientos del Ministerio Público y los 200, en el caso de la acusación popular que ejerce el PSOE.