Cinco ayuntamientos de Ávila no colaboran con el Defensor del Pueblo

Cinco ayuntamientos de la provincia de Ávila aparecen en el listado de consistorios no colaboradores con el Defensor del Pueblo según el último informe de este organismo relativo al año 2023 que se publicaba el pasado viernes.

En ese informe se incluye un anexo en el que se aparece el listado de las administraciones públicas a las que se ha requerido información en hasta tres ocasiones por diferentes hechos y que no han contestado a ese requerimiento. En el mismo aparecen 127 ayuntamientos, y entre ellos están cinco consistorios abulenses: Arenas de San Pedro, Casillas, El Barraco, El Herradón de Pinares y Pedro Bernardo

Arenas de San Pedro

El tercer municipio de la provincia de Ávila por población, con 6.464 habitantes, figura en el listado de ayuntamientos no colaboradores por no dar respuesta a una queja sobre el deficiente estado de conservación del Camino de los Lanchares. El Defensor del PUeblo requirió información en enero de 2022, sin obtener respuesta. El tercer y último requerimiento se realizó en marzo de 2023.

Este municipio está gobernado por el Partido Popular y su alcalde es Juan Carlos Sánchez Mesón, quien también es portavoz del gobierno en la Diputación Provincial.

Casillas

En Casillas no han contestado al Defensor del Pueblo sobre la aprobación de las tarifas de la piscina municipal, y la diferencia entre empadronados o no. Se formuló una recomendación en diciembre de 2022. Un año después se hizo el tercer requerimiento por este tema, sin que el ayuntamiento haya respondido a ninguno de ellos. En la web municipal se puede consultar la ordenanza que regula el uso de la piscina y se mantienen precios diferenciados para usuarios en general, empadronados y "vinculados".

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Casillas tiene 663 habitantes y está gobernado por el Partido Popular. La alcaldesa es Beatriz Díaz Morueco, también vicepresidenta de la Diputación.

El Barraco

Al Ayuntamiento de El Barraco se le pidió información en septiembre de 2022 sobre la instalación de una placa con el nombre de la calle donde reside el ciudadano que se dirigió a esa institución, así como sobre la prestación de otros servicios públicos. El tercer requerimiento es de septiembre del año pasado.

Este municipio de unos dos mil habitantes también está gobernado por el Partido Popular. El alcalde es José María Manso.

Herradón de Pinares

Al Ayuntamiento de Herradón se le solicitó en septiembre de 2022 información sobre el abastecimiento de agua para una finca, y tras tres requerimientos sigue sin responder. El alcalde, Miguel Ángel Pozo Martín, pertenece al Partido Socialista. El municipio tiene cerca de 500 vecinos empadronados.

Pedro Bernardo

Este ayuntamiento figura entre las entidades locales no colaboradoras por dos temas distintos. El primero de ellos, relacionado con los derechos de los concejales, data de junio de 2022. El segundo es una solicitud de información se hizo en noviembre de ese mismo año. En ambos casos no ha habido respuesta

En relación a esto, el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto que los ayuntamientos han de garantizar en todo momento a los concejales su derecho a la obtención de la información necesaria para el normal ejercicio de sus funciones.

Esta institución insiste en que "la participación en el control del gobierno y en las deliberaciones del pleno, el ejercicio del voto en los asuntos en que corresponda y el derecho a obtener la información necesaria para todo ello, integran el núcleo esencial del derecho de representación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución, de forma que cualquier perturbación en el acceso normal a la información supondría una lesión al ejercicio del derecho fundamental del edil".

Pedro Bernardo, con unos 800 habitantes, está gobernado por David Segovia. En 2019 llegó a la alcaldía representando al partido Por Ávila, recién creado. Causó baja del mismo unos meses después. En 2023 revalidó el cargo de alcalde, presentándose por otro partido localista, Nuestra Tierra.

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Administraciones "hostiles"

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, obliga a que las administraciones contesten al Defensor del Pueblo sobre la información que precisa para sus actuaciones. Cuando una de esas administraciones públicas incumple la ley, el Defensor del Pueblo puede considerarla «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales, por medio de su inclusión en el informe anual.