La madre de Fabio denuncia que "se le está castigando por una conducta asociada a su discapacidad"

Valladolid

La familia de Fabio suma a sus apoyos al grupo provincial TLP y a la federación de asociaciones de madres y padres de la provincia, FAPAVA. Su madre, Elisa, ha dado una rueda de prensa en la Diputación donde ha explicado la discriminación a la que se está sometiendo a su hijo Fabio de 17 años y con un 98% de discapacidad, a quien la Junta de Castilla y León ha dejado sin transporte escolar, vive en San Pelayo y estudia en el colegio Pedro I de Tordesillas.

La justificación que la Junta ofrece para esta decisión es la posibilidad de que Fabio pueda tener una crisis disruptiva. Tal y como ha explicado su madre, justo antes de que se tomara esta decisión, se activó un protocolo por el que Fabio no podría montar en el vehículo escolar si estaba sufriendo una de estas crisis, que resalta que se tratan de algo puntual, lo aceptó, pero reclamó ese nuevo protocolo por escrito. Sin embargo la siguiente información que recibió del centro por orden de la Dirección provincial de Educación era su prohibición total.

En todo este proceso, la Junta solo se ha dirigido al centro escolar, en ningún momento a la familia de Fabio, desoyendo la petición de su madre de recibir todas estas instrucciones por escrito.

Esta situación fue denunciada ante el cuartel de la Guardia Civil de Tordesillas el pasado jueves por parte de la madre de Fabio. Ya que ese mismo jueves a medio día no pudo usar el transporte escolar. Elisa se enteró de que debía ir ella misma a recoger a Fabio al salir de una reunión en la que estaba, vio una llamada perdida de la profesora de Fabio que le comunicaba que estaban aún en el cole porque no podía usar el taxi.

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Elisa comprobó posteriormente que la habían avisado, eso sí, con un email del propio centro que llegó 45 minutos antes de que terminara la última clase de Fabio. "He ido a buscarle, estaba su tutora cuidándole, y me han dicho que no había transporte".

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Denuncian que siempre que se trata de la lucha por el transporte del menor se encuentran con la misma respuesta: pueden llevarlo hasta Valladolid, una solución que es incompatible con los trabajos de sus padres y que cuando lo expresan les explican que existe la opción de internarlo. Denuncian que vivir en un pueblo no es una justificación para que tenga acceso a menos derechos o a menos recursos que quien viva en la ciudad, asegura que sacarle de su entorno, donde vive con su familia y está adaptado no es una buena solución para su bienestar psicológico y califican la 'solución' de "inmoral".