La ley de Concordia de Castilla y León es un plagio parcial de la que preparan en Valencia

Valladolid

En base a las fechas cabe suponer que la Proposición de Ley que pretende aprobarse en la Comunidad Valenciana ha servido de " inspiración " a la que verá la luz en Castilla y León. El espíritu de la norma es el mismo, pero más allá de esta coincidencia que podría considerarse normal dada la autoría intelectual de la misma, lo que llama la atención es la idéntica redacción de algunos párrafos en la exposición de motivos.

En su presentación por parte de Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, portavoces de los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Cortes de Castilla y León, presumieron del trabajo que se había desarrollado para la elaboración de esta ley que pretende dejar sin efecto el actual decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado por el PP en abril de 2018.

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La Ley de Concordia impuesta por VOX en el pacto de legislatura verá próximamente la luz. Tras dos años de gobierno de coalición y una vez que la Comunidad Valenciana gobernada también por PPyVox ha dado el paso adelante, Mañueco se ha atrevido y ha dicho si quiero. Esta ley corrige el decreto en vigor aprobado en 2018 por el gobierno del PP, liderado entonces por Juan Vicente Herrera, e incluye apreciaciones como el amparo a todas las manifestaciones de represión que hayan tenido lugar en la Comunidad desde 1931. Es decir, la ley contemplará los episodios violentos que según sus redactores se produjeron desde la llegada de la Primera República, sin explicar por qué se ha tomado como referencia ese momento histórico y no otro.

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El nuevo texto legislativo que inicia su tramitación para su aprobación definitiva no condena explícitamente como el decreto aún vigente la dictadura y represión franquista y abre el afán de concordia por los episodios violentos que pudieran haberse llevado a cabo entre 1931 y 1978. A efectos prácticos la Comisión de Exhumaciones dependiente de la Junta adquiere más competencias. Desde las asociaciones memorialistas califican el texto como un intento de blanquear el fascismo, piden que no se tramite y se muestran especialmente críticos con alguno de sus artículos como el que hace alusión a" la protección de datos y el derecho a la intimidad" que la futura ley aplicará a los trabajos de investigación sobre la identidad de los represaliados.

Según Emilio Silva, presidente de la A.R.M.H no se podrán divulgar fotos de las fosas con restos humanos ni nombres de las personas desenterradas, algo que convierte a esta ley en una" ley de censura" que impedirá que quienes han estado durante tantos años enterrados en cunetas recuperen una mínima dignidad y reconocimiento social, así como el contexto y circunstancias en que fueron asesinados.