Sociedad

Aprobada la nueva Ley de Residencias que se centra en la persona y contempla como novedad la constitución de las unidades de convivencia

Decepción de la Plataforma Social que considera el documento una mera declaración de intenciones

La prometida Ley de residencias anunciada tras las carencias registradas con la pandemia del COVID-19, es ya una realidad. La ley Reguladora de los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración, es ya una realidad tras su aprobación en el pleno de las Cortes al contar con el respaldo de PP y Vox, la abstención de UPL-Soria Ya y Por Ávila y el voto en contra de Unidas Podemos, el procurador Francisco Igea y PSOE.

Una normativa que se "centra en la persona", según la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que destacaba además que esta ley supone "un salto cualitativo" en la concepción, organización y prestación de los cuidados residenciales en todos los centros de Castilla y León, para lo que se regula la organización, el funcionamiento y la evaluación de la calidad. En concreto, la normativa regula un nuevo modelo que, como ha explicado Blanco, está basado en la atención integral y centrada en la persona con un "fuerte componente ético y de reconocimiento de la dignidad". "La ley apuesta por una atención en la que se tenga en cuenta las necesidades de éstas, sobre todo las personas más dependientes, de forma que los centros residenciales se conviertan en hogares, organizados en unidades de convivencia", ha señalado, tras lo que ha señalado que se trata de un modelo reconocido "internacionalmente".

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El objetivo de la normativa es que las personas con necesidades de apoyo reciban cuidados "en las mejores condiciones" para su bienestar y calidad de vida y garantiza sus derechos a través de la profesionalización, por lo que se aleja "del modelo de cuidados tradicionales que priorizan la salud". "Una ley pionera, innovadora y acorde con los cuidados y la atención que merecen las personas mayores y con discapacidad de la Comunidad", ha dicho la consejera en su intervención en el pleno de las Cortes, para añadir que "es una ley que establece un modelo de atención reconocido internacionalmente y coincidente con el modelo de cuidados de larga duración de la Unión Europea".

Novedades de la normativa

Como novedades del nuevo modelo figuran el proceso de adaptación estructural de todos los centros de día y residenciales, tanto públicos como privados, capítulo en el que se da de plazo hasta finales de 2029. Otro de los aspectos novedosos lo constituye la regulación de sujeciones físicas y químicas, salvo las excepciones y con los requisitos recogidos en la nueva Ley en casos puntuales en los que peligre la integridad tanto del usuario como de cuidadores o terceros y se hayan descartado las demás alternativas. Este derecho--se ha formado a un total de 1.500 profesionales en este sentido--implicará que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, todos los centros que cuenten con alguna persona usuaria al que se le esté aplicando alguna restricción que no tenga la consideración de actuación de urgencia, deberán desarrollar e implantar un plan de eliminación de sujeciones en el centro. Se incluye la creación de 'unidades de convivencia', también supone una apuesta por la "innovación y la calidad" a través de la evaluación continua, los centros deberán someterse cada año a una evaluación de calidad como garantía del cumplimiento por parte de todos los agentes que intervienen en el proceso de la obligación de prestar servicios de calidad que protejan los derechos de las personas usuarias.

Abstención y voto en contra de la oposición

La procuradora socialista María Isabel Gonzalo ha defendido las 69 enmiendas de su grupo que han llegado vivas al Pleno. Así, la responsable socialista ha tildado la norma de "fiasco", además de señalar el texto como "chapucero", por lo que ha lamentado "la oportunidad perdida" . "No aprendieron nada de lo ocurrido en las residencias tras la pandemia, necesitamos una Ley que transmita a la sociedad que ustedes han aprendido algo, necesitamos una ley que asegure que lo que pasó en las residencias no va a volver a pasar", ha reclamado la procuradora socialista tras insistir en que "Castilla y León no se merece esta Ley" porque es una mera "declaración de intenciones" con más "deficiencias" que las normativas anteriores.

Por su parte, el Grupo UPL-Soria Ya ha defendido las 30 enmiendas. La procuradora de UPL Alicia Gallego ha destacado la importancia de la normativa, ya que afecta a una de las partes "más vulnerables" de la sociedad y ha reconocido que esta normativa era necesaria para adaptar determinados servicios al siglo XXI, un punto en el que ha reconocido que la pandemia puso de manifiesto determinadas "deficiencias" que era necesario corregir. No obstante, la procuradora ha reconocido que la normativa presentada por la Junta "avanza" pero "no lo suficiente".

Por su parte, la procuradora de Soria Ya Leila Vanessa García ha considerado que la normativa intenta mejorar algunos aspectos desde "el derecho a vivir de forma independiente, a la necesidad de que las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad cuenten con todos los medios necesarios para poder tomar decisiones y para ejercer el control sobre sus vidas".

El procurador Francisco Igea ha defendido sus 23 enmiendas, en una intervención en la que ha culpado a Isabel Blanco de no haber "aprendido lo suficiente" de la gestión de las residencias durante la pandemia. Igea ha argumentado su voto en contra a esta normativa, en que no aporta ningún avance a lo ya aprobado en el Consejo Interterritorial.

Todo dependerá del desarrollo normativo de la Ley

También la Plataforma social de Castilla y León ha insistido en "las importantes carencias" de una ley que califican de "decepción". Su portavoz Jorge Félix Alonso, confía en que con su desarrollo normativo "se corrijan carencias" sobre todo en materia de personal técnico "del que ahora carecen estos centros, especialmente los privados, para garantizar la atención residencial". Lamentan que la nueva ley no establezca cifras del personal necesario para la atención de las personas residentes "como fisioterapia, tratamientos terapéuticos o psicológicos".

Desde ACALERTE, asociación que aglutina a las empresas de las residencias privadas, su vicepresidente Javier Sanz aplaude esta ley porque "viene a regular un modelo de prestación que apuesta por una mayor calidad del servicio y pone a la persona en primer plano". Rechaza la falta de personal técnico del que hablaba la Plataforma Social pero reconoce que esta mejora del servicio "supondrá un incremento del coste para el usuario" que espera se subsane con el decreto que desarrollo de la ley.

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