La Ventana de León
Opinión

Lodos en Maragatería

Ángel Santiago Ramos

León

El pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, el BOCYL anunciaba la ampliación de la planta de tratamiento de residuos orgánicos situada en el polígono 515, en el término municipal de Santiago Millas. En realidad, la ampliación escondía un proyecto para albergar una enorme balsa a la que llegarían 13.000 toneladas de lodos cada año, cinco veces más de las que genera toda nuestra provincia. En paladino, nos comeremos las basuras de los otros.

La Maragatería viene cargada de este tipo de obsequios envenenados que van complicando la vida de sus 2.000 habitantes repartidos en unas 60 localidades. Hace varias décadas que soportan los efectos de un campo de tiro con prácticas de fuego real. Entre otros daños, sólo en el último cuarto de siglo, ha provocado incendios que han arrasado más de 23.000 hectáreas de bosques de jaras, brezos, robles, encinas, pinos y alisos.

Desde hace unas décadas, numerosas colinas y laderas altas van poblado su paisaje con los enormes gigantes de hierro de las instalaciones eólicas. Lo más próximo es la llegada a las tierras llanas, pobres y despobladas de numerosos proyectos de huertos para la producción de energía fotovoltaica. Como vemos no falta de nada en el paisaje de una tierra que apenas tiene ya quien la guarde de las alimañas.

Con alcaldes insensibles para defender a vecinos y tierras de inversiones depredadoras, es más fácil que prospere pronto este campo de lodos del polígono 515 de Piedralba. Lodos de que llegarán con restos biodegradables de fosas asépticas, de tratamientos de aguas residuales o de derivados de tejidos vegetales. Alcaldes que están dejando solos a unos cientos de vecinos y algunos pedáneos de Piedralba, Morales, Santiago Millas y Oteruelo que tratan de pararlo con los escasos medios de que disponen.

En el año 2020 la administración regional planteó en la localidad de Reliegos, Santas Martas, un centro con el mismo fin pero cuatro veces mayor. Tres años después el Tribunal Superior de Justicia paró el proyecto tras el recurso interpuesto por ayuntamientos, vecinos y colectivos sociales. Es un ejemplo

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